Analizando ando
Caso de corrupción en la Secretaría del Bienestar del Estado de México
Por Mariel Álvarez Sánchez
La reciente decisión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de remover a Víctor R. Benítez Blasio y Marco Antonio Castilla de la Secretaría del Bienestar es, sin duda, un gesto de firmeza institucional. Pero en un sistema donde las redes de complicidad se regeneran como hidras, cambiar una cabeza no basta. El mensaje es claro: no hay espacio para el desvío de recursos ni para el enriquecimiento ilícito bajo el amparo del servicio público.
Pero ¿se está actuando con la contundencia que exige la ciudadanía?
Durante meses, diversos medios de comunicacipin –Primera Columna, Alto Ro México y Mira Política– documentaron irregularidades que iban más allá de simples omisiones administrativas. Se trató de un patrón de enriquecimiento súbito, ostentación descarada y presunto abuso de poder.
La separación de los funcionarios implicados fue un primer paso, pero no debe ser el último. Porque si el exsubsecretario Benítez dejó como sucesor a uno de sus incondicionales —Marco Alberto Reyes Hernández—, ¿qué tan profunda fue la cirugía?
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Las denuncias ciudadanas no cesan
Mujeres beneficiarias del programa “Mujeres con Bienestar” han reportado presiones para firmar acuses de recibo de dinero que nunca llegó. Las acusaciones apuntan a un esquema de simulación operado por Reyes Hernández, Guillermo Gudiño (Director de Finanzas), Katia de la Luz Álvarez (pareja sentimental de Benítez y aún en funciones), y otros operadores del viejo aparato burocrático. ¿Cómo se puede hablar de transformación cuando los mismos nombres siguen moviendo los hilos?
Capturas de pantalla en poder de medios revelan que las prácticas fraudulentas continúan
Y lo más indignante: los maltratos a mujeres vulnerables, quienes deberían ser el centro de la política social, no sus víctimas. ¿Dónde está la dignidad institucional? ¿Dónde la ética pública?
El secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, tiene ante sí una oportunidad histórica
El titular de la dependencia que se supone debería ser la más noble, más honesta y más humanam puede demostrar que la transformación no es solo discurso, sino acción. Que no basta con limpiar la fachada si el sótano sigue lleno de podredumbre. Que el bienestar no se construye sobre simulaciones ni sobre el dolor de quienes menos tienen.
La justicia, aunque tarde, comienza a abrirse paso. Pero no se puede permitir que el castigo se limite a los rostros visibles mientras los operadores de siempre siguen en funciones.
La ciudadanía exige una investigación profunda, sanciones ejemplares y una reestructuración real. Porque las instituciones deben servir al pueblo, no a los intereses personales. Y porque la corrupción, por más que se disfrace de continuidad administrativa, no tiene cabida en el Bienestar.
