Mediante seis asambleas, el Congreso mexiquense cumplió con la consulta comprometida con las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos para que se pronunciaran sobre la reforma constitucional que plantea reconocerlos como sujetos de derecho público
Con el aval de personas originarias y afromexicanas del Estado de México, el Congreso local llevó a cabo la consulta comprometida para garantizar su participación y darles voz. Este proceso, realizado mediante cinco asambleas regionales y una asamblea general, permitirá que el decreto de reforma a la Constitución estatal —que propone reconocerlas como sujetos de derecho público— sea sometido a consideración del Pleno de la LXII Legislatura mexiquense.
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Conforme al acuerdo de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas, y de Desarrollo y Bienestar Social, la consulta se llevó a cabo de manera culturalmente adecuada, de buena fe y con carácter participativo, en apego a los estándares constitucionales y convencionales, así como a los criterios previamente emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este sentido, el 25 de abril se llevaron a cabo asambleas regionales en los municipios de Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco.
Posteriormente, el 29 de abril se realizó una asamblea general en Toluca, capital del estado, en la que participaron representantes de los pueblos mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, provenientes de 48 municipios con presencia oficialmente registrada de estas poblaciones, así como comunidades migrantes originarias de otras entidades del país y personas afrodescendientes, quienes también presentaron propuestas en las materias correspondientes.
La consulta se desarrolló de manera culturalmente adecuada, de buena fe y participativa, conforme a estándares constitucionales y convencionales, así como a criterios emitidos con anterioridad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En la asamblea general, el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena) y la diputada Leticia Mejía García (PRI), con la presencia de la diputada Ruth Salinas Reyes (MC), coincidieron en señalar que la aprobación permitirá construir un marco jurídico justo que reconozca en los hechos y no solo en el discurso su dignidad, derechos y autonomía.
Edmundo Valdeña, presidente de la Comisión legislativa de Desarrollo y Bienestar Social, señaló que la reforma no nació de la improvisación ni de la lógica de escritorio, sino que se construyó desde el territorio, escuchando directamente a quienes históricamente han sido invisibilizados en la toma de decisiones.
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Además, apuntó, se contó con la participación de diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios, y que el decreto respectivo reúne las voces, exigencias legítimas y propuestas concretas de las personas interesadas, como parte de un proceso que tiene como objeto que las decisiones públicas se construyan con quienes históricamente han sido excluidos y no a pesar de ellos.
Con la asistencia de representantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Cedipiem) y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la diputada Leticia Mejía, presidenta de la Comisión legislativa de Asuntos Indígenas, precisó que el ejercicio enriqueció el proyecto de decreto que modifica la Constitución estatal para armonizarla con la reforma constitucional federal en la materia de 2024.
Se llevó a cabo en asambleas regionales en Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco el pasado 25 de abril, y una asamblea en Toluca este 29 de abril
Detalló que la reforma federal, diseñada después de que se pidiera opinión y propuestas a comunidades originarias y afromexicanas de todo México, mandata que las entidades armonicen sus constituciones locales con ella, por lo que en estas consultas solo tenía que exponerse si se lleva o no al Pleno el proyecto de decreto correspondiente, mientras que otras preocupaciones en materia de salud, educación, infraestructura, vivienda, y preservación de lenguas y tradiciones, se tomarán en cuenta para la construcción de las leyes secundarias que dispondrán lo que le toca hacer a cada una de las instancias relacionadas y las atribuciones de los gobiernos federal, estatales y municipales en este tema.
Las y los participantes opinaron, entre el contenido principal del decreto, sobre el reconocimiento a su autonomía; el derecho a poder decidir cómo organizarse y gobernarse internamente; la aplicación de sus propias normas para resolver conflictos respetando la Constitución; la preservación de su cultura, lenguas, tradiciones y conocimientos; el derecho a proteger las tierras; acceder a formas de propiedad reconocidas por la ley; derecho a la justicia con respeto a su contexto y a ser consultados cuando una decisión afecte a su pueblo o comunidad.
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Asimismo, se abordaron las obligaciones del Estado, entre las que destacan impulsar el desarrollo económico de las comunidades respetando sus actividades tradicionales; asignar recursos públicos que puedan administrar directamente; proteger su cultura y conocimientos; y garantizar una educación intercultural y en sus lenguas. También se planteó mejorar el acceso a la salud, alimentación y vivienda con pertinencia cultural; ampliar el acceso a servicios básicos; promover la participación de las mujeres; fortalecer las comunicaciones; y atender a las personas indígenas migrantes.
En cuanto a los derechos de los pueblos afromexicanos, se subrayó la necesidad de reconocer su derecho a preservar y proteger su identidad cultural y forma de vida, así como sus aportaciones históricas y sociales, además de garantizar su inclusión en los censos y registros oficiales.
