Las víctimas —Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, originarios de Ixtlahuaca, y Óscar García Hernández, vecino de Jiquipilco
Toluca, Méx. – Familiares de cuatro hombres originarios de los municipios de Ixtlahuaca y Jiquipilco mantienen de manera indefinida la liberación del peaje en la caseta de cobro El Dorado, ubicada sobre la autopista Toluca-Atlacomulco. La protesta pacífica, que permite el libre tránsito de automovilistas en ambos sentidos, surge como medida de presión ante la ausencia de avances sustanciales en las investigaciones para dar con su paradero.
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Las víctimas —Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, originarios de Ixtlahuaca, y Óscar García Hernández, vecino de Jiquipilco— fueron reportadas como desaparecidas desde principios de febrero de 2026, luego de realizar un viaje de vacaciones hacia la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
Exigen intervención de las autoridades
Los manifestantes señalaron que la decisión de tomar la caseta y levantar las plumas de cobro se debe a la falta de respuestas claras por parte de las autoridades locales de Ixtlahuaca y Jiquipilco, así como del Gobierno del Estado de México y las instancias federales encargadas de la búsqueda de personas.
De acuerdo con representantes de las familias, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha informado sobre la detención de más de una decena de personas presuntamente vinculadas a los hechos, hasta el momento no existe una línea de investigación sólida ni indicios certeros sobre la ubicación de los cuatro jóvenes.
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“No nos vamos a mover hasta que tengamos una respuesta real sobre dónde están. Necesitamos que las autoridades actúen y no dejen en el olvido la búsqueda de nuestros hijos”, han expresado familiares durante las jornadas de protesta.
En el sitio de cobro, los allegados han colocado fotografías, fichas de búsqueda y lonas con los nombres de las víctimas para visibilizar el caso ante los automovilistas que transitan por la vía. Las familias aseguraron que mantendrán la liberación del peaje de manera continua hasta obtener compromisos concretos y una coordinación efectiva entre las fiscalías de Sinaloa y del Estado de México.
