Tras una audiencia de 11 horas, privada, mientras afuera había una gran manifestación en su contra, el juez otorgó la suspensión condicional del proceso por seis meses; la edil llevará el juicio en libertad y no será separada de su cargo
Tenancingo, Méx. En una extenuante jornada que se prolongó por más de 11 horas, la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue formalmente vinculada a proceso por el delito de secuestro simulado tras comparecer en los juzgados estatales radicados en el mismo municipio.
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Los hechos se remontan al pasado 31 de mayo, cuando la alcaldesa denunció haber sido privada de la libertad y posteriormente haber escapado de sus captores. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detectó severas inconsistencias en su declaración y formuló una tesis radicalmente opuesta:
La Fiscalía sostiene que el plagio fue planeado desde el mes de febrero por la propia alcaldesa, su esposo y su cuñado. El objetivo del montaje habría sido exigir un falso rescate de 40 millones de pesos directamente del erario público para justificar un presunto desfalco financiero dentro de su administración municipal.
Pormenores de la audiencia y resolución judicial
La audiencia inicial comenzó alrededor de las 10:00 horas del jueves y concluyó pasadas las 21:30 horas. A petición de la defensa de la edil, el juez de control determinó que la sesión se llevara a cabo de manera privada, desalojando de la sala al público y a los medios de comunicación.
Tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, el impartidor de justicia resolvió lo siguiente:
Vinculación a proceso: Se determinó que existen elementos suficientes para procesar penalmente a la alcaldesa por simulación de secuestro.
Suspensión condicional del proceso: El juez autorizó el beneficio de suspender condicionalmente el proceso por un periodo de seis meses.
Medidas cautelares (Proceso en libertad): Nápoles Pacheco no recibió prisión preventiva y podrá seguir el caso libre, pero sujeta a estrictas condiciones:
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Presentarse a firmar de manera periódica cada tres meses ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares.
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Prohibición absoluta de acercarse a uno de los testigos de la investigación.
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Residir en el domicilio registrado ante el juzgado.
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Prestar servicio social a favor del Estado o de una institución de beneficencia pública.
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Permanencia en el cargo: Cabe destacar que, dentro de las medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial, no se incluyó la separación temporal de su cargo como presidenta municipal, por lo que legalmente puede continuar en funciones.
Protestas y agresiones a la prensa al finalizar la jornada
Mientras la audiencia ocurría a puerta cerrada, a las afueras de los juzgados se congregaron decenas de ciudadanos y comerciantes locales. Con pancartas y consignas, los manifestantes exigieron la renuncia de la alcaldesa morenista denunciando, además, supuestos abusos de autoridad, cobros indebidos y amenazas por parte de su directora de Gobernación, Guillermina Cruz, y de sus asesoras.
El cierre de la jornada estuvo marcado por la tensión y la violencia:
Al concluir la diligencia, elementos de la Policía Municipal y agentes vestidos de civil formaron una valla humana para sacar a la alcaldesa hacia su vehículo. Los uniformados se abrieron paso mediante empujones, golpes y agresiones físicas, arremetiendo directamente contra los manifestantes y el grupo de reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubrían el evento. La funcionaria abandonó el lugar a alta velocidad y sin emitir ninguna declaración.
La defensa de la alcaldesa: “Es una persecución política”
A través de videos y declaraciones previas difundidas en sus redes oficiales, Nancy Nápoles ha rechazado categóricamente las acusaciones de la Fiscalía. La alcaldesa sostiene que el secuestro fue real y que los delincuentes la amenazaron de muerte a ella y a su familia exigiéndole la millonaria suma.
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Asimismo, asegura que las finanzas del municipio están completamente sanas y acusa a los ministerios públicos de manipular sus declaraciones como parte de una estrategia política diseñada por opositores para desacreditar y desestabilizar su administración. Paralelamente, el partido Morena ya ha tomado cartas en el asunto iniciando un proceso interno para la suspensión de sus derechos político-partidistas.
