El modelo busca que la víctima tenga voz y que quien cometió un delito comprenda el daño que provocó.
“El momento en que no me detuve a pensarlo, lo estoy pagando pensándolo todos los días” fue la reflexión expresada por una persona sentenciada durante un proceso de Justicia Restaurativa. Para Israel Cepeda López, mediador conciliador del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, esta frase resume el objetivo del modelo: que quien cometió un delito no solo enfrente una consecuencia legal, sino que comprenda el daño causado, asuma su responsabilidad y encuentre una forma de repararlo.
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La Justicia Restaurativa para personas adultas puede aplicarse desde la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, durante la etapa de investigación y hasta la investigación complementaria ante el Juzgado de Control. En esta fase procede únicamente en delitos culposos y, cuando las partes alcanzan un acuerdo reparatorio, el asunto puede concluir antes del auto de vinculación a proceso. Entre los casos más frecuentes se encuentran lesiones, daños a vehículos y robos sin violencia.
El proceso no consiste en obligar a una persona a reconocer responsabilidad de manera inmediata. Cepeda López explicó que muchas personas llegan a las sesiones argumentando que no fue su intención causar el daño o que se trató de un accidente. Por ello, el trabajo se centra en analizar qué decisiones pudieron evitar el resultado y cuáles fueron sus consecuencias. El objetivo es pasar del “no quise hacerlo” a la comprensión de que también existe responsabilidad cuando no se toman las precauciones necesarias.
Para que este mecanismo proceda, ambas partes deben participar de forma voluntaria y bajo principios de confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad, oralidad y consentimiento informado. La víctima decide si desea intervenir y puede expresar qué considera adecuado para la reparación del daño. Si no existe esa voluntad, el procedimiento no puede realizarse. Además, la reparación no se limita al aspecto económico, sino que también puede atender afectaciones emocionales, familiares o morales.
En la etapa de ejecución de sentencia, el alcance de la Justicia Restaurativa cambia, ya que puede aplicarse a todos los delitos para trabajar la reparación del daño, incluidos aquellos de mayor gravedad. Sin embargo, participar en estas sesiones no implica que una persona privada de la libertad obtenga su salida de prisión. El proceso puede formar parte de los elementos considerados para acceder a algún beneficio previsto en la ley, además de contribuir a que comprenda las consecuencias de sus actos antes de reincorporarse a la sociedad.
Estos procedimientos no tienen una duración determinada. Algunos pueden resolverse en uno o dos meses, mientras que otros requieren más tiempo. Cepeda López recordó un caso iniciado en 2024 en el que un hombre privó de la vida a su esposa y su hija quedó como ofendida. Al no contar con recursos para cubrir una reparación económica, las sesiones se enfocaron también en el daño emocional. Con el paso del tiempo, la joven dejó de sentirse responsable por la situación de su padre y reconoció que ella también había resultado afectada por la pérdida de su madre.
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Otro de los objetivos del modelo es reducir el riesgo de reincidencia, mediante la reflexión sobre los hechos y las consecuencias que tendría repetir una conducta similar. Para Cepeda López, esta es una de las principales aportaciones de la Justicia Restaurativa: que la persona sentenciada pueda analizar, aun después del delito, las decisiones que pudo haber tomado de manera distinta.
En lo que va del año, se han iniciado más de 210 casos de Justicia Restaurativa para personas adultas y concluido aproximadamente 215. Más allá de cerrar un expediente, este mecanismo busca que la víctima tenga voz, que la persona responsable comprenda el impacto de sus acciones y que ambas partes encuentren, dentro del marco legal, una forma de avanzar después del delito.
