Acusa que el gobierno municipal recurrió a agentes de inteligencia para vigilar e intimidar a la regidora Shantall Zepeda y a familias de la delegación Independencia que defienden su entorno habitacional
Toluca, Estado de México.— El PRI municipal de Toluca denuncia la utilización de la fuerza pública y los aparatos de inteligencia municipal para acallar la protesta social en torno al megaproyecto de la colonia Independencia.
La regidora priista Shantall Zepeda acusó que en un acto directo de intimidación, funcionarios adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Toluca fueron exhibidos vigilando y fotografiandola a ella -octava regidora-y a vecinos de la d elegación Independencia que se oponen a la edificación de bodegas de “última milla” en su comunidad.
TE SUGERIMOS LEER
PRI Edomex toma protesta a nueva estructura de mujeres rumbo a 2027
En conferencia de prensa, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por Tania Hurtado Parra, fijó una postura de absoluto respaldo a la representante popular y a los colonos, repudiando el hostigamiento sistemático instrumentado “bajo la administración del alcalde Ricardo Moreno Bastida”.
“El asedio quedó al descubierto el pasado 7 de noviembre. Mientras la regidora y los vecinos recababan evidencias sobre las afectaciones de la obra, detectaron a un sujeto en motocicleta tomándoles fotografías de manera amedrentadora”. dijo la dirigente partidista municipal priista.
Dijo que “aunque el individuo intentó apelar a la labor periodística para justificar su presencia, las investigaciones confirmaron su identidad como Héctor Ulises “N”, elemento activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal asignado a labores de inteligencia”.
Zepeda Escobar confirmó que interpondrá las denuncias ante La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem); la Secretaría de las Mujeres y la Contraloría Municipal.
El origen del conflicto
El conflicto de origen radica en la autorización otorgada por la administración de Ricardo Moreno Bastida a principios de 2025 para levantar un complejo logístico de “última milla” en un sector 100% residencial. Explicó que la obra ignora la incompatibilidad del suelo y las severas afectaciones viales derivadas del flujo constante de transporte pesado.
Isistió en que “a la arbitrariedad urbanística se suma una red de opacidad jurídica”.
TE SUGERIMOS LEER
PRI vigilará transición del INE y exigirá investigar a fondo a Taddei
La regidora denunció que la jueza Amelia Ivonne Mejía Guerrero decretó la suspensión indefinida del juicio bajo el concepto de “propiedad industrial“, una maniobra legal que sepulta el acceso público a los expedientes e impide conocer quiénes son los verdaderos socios y empresarios beneficiados con el proyecto.
La dirigencia tricolor advirtió que no tolerará el uso de las instituciones de seguridad como garrote político para sofocar las demandas ciudadanas ni para encubrir intereses particulares.
