Andy López Beltrán debe aclarar los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
La cancelación de la visa de Estados Unidos a Andy López Beltrán coloca nuevamente bajo la lupa al círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador y evidencia que los cuestionamientos no se resuelven con discursos políticos ni llamados a cerrar filas.
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Más que pedir explicaciones al gobierno de Estados Unidos o cuestionar a funcionarios como Marco Rubio y Christopher Landau, quien debe responder es Andy López Beltrán.
Si existen señalamientos sobre sus relaciones, negocios o presuntos vínculos con grupos fuera de la ley, corresponde a él aclararlos ante la opinión pública y las autoridades competentes.
Resulta contradictorio que, tras pedir la destitución de funcionarios estadounidenses, desde el oficialismo se pretenda convertir la decisión sobre una visa en un ataque contra México, cuando ese país ha señalado que dichos documentos están sujetos a criterios de seguridad y legalidad.
El PRI exige transparencia y rechaza cualquier intento de convertir estos cuestionamientos en una campaña de victimización.
El apellido López Obrador no puede ser un escudo frente a la ley ni un certificado de honestidad, como tampoco puede existir protección especial para quienes forman parte del círculo cercano del poder.
La molestia ante decisiones de autoridades extranjeras también refleja la falta de confianza en la justicia mexicana, porque cuando las instituciones nacionales no actúan con independencia, las resoluciones de otros países ocupan un espacio que debería corresponder a nuestras propias instituciones.
La justicia puede tardar, pero los cuestionamientos no desaparecen.
El PRI también rechazó el llamado del gobierno de Claudia Sheinbaum para cerrar filas en una supuesta defensa de la soberanía.
La soberanía no se defiende protegiendo intereses particulares ni descalificando a autoridades extranjeras, se defiende garantizando seguridad y justicia para los mexicanos.
El PRI no defenderá a quienes tengan vínculos con el crimen organizado ni a quienes pretendan usar esos acuerdos para influir en procesos electorales a costa de la seguridad ciudadana.
Mientras Morena cierra filas en defensa de personajes de su propio círculo, las familias mexicanas siguen enfrentando delincuencia, desapariciones y falta de resultados.
La soberanía se demuestra con seguridad y paz, como ocurre en estados donde el PRI mantiene la confianza ciudadana, como Coahuila.
En contraste, Yucatán y Campeche enfrentan un escenario de creciente preocupación en materia de seguridad, lo que demuestra que el discurso no basta y que los gobiernos deben responder con resultados.
Por ello, la cancelación de una visa no puede verse como un asunto aislado ni convertirse en bandera del oficialismo, cuando lo que está sobre la mesa son preguntas que deben tener respuestas.
LA CANCELACIÓN DE LA VISA: DE UN ASUNTO PARTICULAR A UN TEMA DE ESTADO
Primero se dijo que el tema de la visa era un asunto estrictamente particular y ahora el gobierno pretende convertirlo en cuestión de Estado.
Resulta preocupante ver a secretarios, gobernadores y legisladores solidarizándose con un ciudadano sin cargo público ni actividad productiva conocida antes del actual sexenio, en lugar de pedirle que aclare los señalamientos en su contra.
México necesita mantener una relación sólida con Estados Unidos, especialmente durante las negociaciones del T-MEC, por lo que las reacciones del gobierno de Claudia Sheinbaum no fortalecen la relación bilateral.
La confianza se construye combatiendo la delincuencia y dando respuestas claras, no descalificando a las autoridades que investigan.
El PRI mantendrá su postura de denuncia ante cualquier vínculo entre políticos y el crimen organizado.
La sociedad mexicana tiene derecho a conocer quiénes han permitido el avance de la delincuencia y quiénes han usado el poder para proteger intereses particulares.
Estos señalamientos serán llevados ante instancias nacionales e internacionales.
Ante el control del partido oficial sobre instituciones y Congreso, es necesario acudir a organismos externos para buscar la justicia que aquí se pretende usar como herramienta política.
Si existiera una justicia independiente, no habría necesidad de buscar resoluciones fuera de México.
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En México nadie debe estar por encima de la ley, y el apellido López Obrador tampoco puede serlo.
