El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor con el fin de evitar abusos en el cobro por el uso de estacionamientos en plazas comerciales y centros de entretenimiento en México.
TE SUGERIMOS:
El municipio de Huixquilucan es un ejemplo de gobierno en el país: Enrique Vargas
La propuesta establece que los centros y plazas comerciales otorguen al menos una hora de estacionamiento gratuito a los consumidores que acrediten compras dentro de los establecimientos.
La iniciativa busca actualizar la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer reglas claras sobre las tarifas de estacionamientos y garantizar cobros proporcionales y transparentes.
Según datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), existen más de 900 centros comerciales de gran escala en México, que reciben millones de visitantes cada semana. A pesar de que los estacionamientos forman parte de los servicios asociados a estos espacios, los usuarios reportan tarifas elevadas.
De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las tarifas pueden variar entre 20 y 40 pesos por hora en zonas urbanas, y alcanzar hasta 250 pesos en áreas de alta demanda.
La propuesta plantea modificar el Artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para incorporar dos nuevas fracciones:
- Fracción Ter: los proveedores que operen estacionamientos en centros comerciales deberán garantizar tarifas razonables, proporcionales y transparentes, prohibiendo cobros desproporcionados.
- Fracción Quáter: los centros comerciales deberán otorgar al menos una hora de estacionamiento gratuito a quienes acrediten compras, informar de manera clara y visible las tarifas antes del ingreso y establecer criterios de proporcionalidad y accesibilidad económica en las tarifas subsecuentes.
TE SUGERIMOS:
Enrique Vargas inaugura el Concurso Internacional de Elegancia
La iniciativa también contempla otorgar a la Profeco la facultad de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, emitir lineamientos y aplicar sanciones en caso de detectar prácticas abusivas.
