Vota el Grupo Parlamentario del PRI en contra de la nueva Ley de Transparencia, pues convierte a las instituciones gubernamentales en juez y parte en materia de derecho a la información de las y los mexiquenses
El Grupo Parlamentario del PRI votó en contra de la expedición de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pues elimina los órganos autónomos en la materia y afecta directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada.
A nombre de la bancada priista, el diputado Eduardo Zarzosa advirtió que la reforma presentada como armonización, reduce el nivel de protección en materia de transparencia y acceso a la información y contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos.
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“El INFOEM será sustituido por un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, sin independencia orgánica ni presupuestaria, y cuyo titular será designado y removido libremente por el Ejecutivo”, advirtió el legislador.
La nueva Ley prevé que la autoridad obligada a proporcionar información sea la misma que evalúe su actuación y resuelva las impugnaciones.
Es decir, se abandona un modelo de revisión externa, independiente y especializada, capaz de obligar al gobierno en turno a entregar información pública, para crear otro en el que cada poder terminará revisándose y obligándose a sí mismo.
“No son datos menores, son señales de alerta, son advertencias muy claras de lo que provocará la ausencia de una autoridad independiente. Porque cuando la transparencia se debilita, también se debilita la capacidad ciudadana para controlar los excesos del poder”, advirtió Zarzosa.
El Grupo Parlamentario del PRI votó en contra del dictamen, pues las consecuencias de su implementación las sufrirán las y los mexiquenses: cuando soliciten información y no reciban una respuesta, o cuando sus datos personales sean vulnerados y expuestos.
