Coinciden en Congreso local: necesaria una ley de participación ciudadana
En el foro Ley de Participación Ciudadana del Estado de México, legisladoras, especialistas y ciudadanía coincidieron en la necesidad de contar con un marco jurídico que represente la pluralidad social, tenga vocación municipal y democrática, y sea inclusivo, ante la ausencia de una normatividad en la materia en la entidad.
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Al inaugurar el encuentro, Maricela Beltrán Sánchez (MC) destacó que la participación ciudadana organizada e informada es un contrapeso sólido para la democracia. Se pronunció por una ley construida desde la academia, pueblos originarios, juventudes, organizaciones vecinales y la experiencia electoral.
En presencia de la diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT), presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la LXII Legislatura mexiquense, Beltrán señaló que la población merece un marco jurídico acorde a las demandas del siglo XXI. Subrayó que, cuando la ciudadanía cuenta con herramientas para auditar a sus gobernantes, incidir en obras y vetar o proponer políticas públicas, el poder deja de operar a puerta cerrada.
El foro marca el inicio de una ruta legislativa para escuchar a especialistas e interesados, cuyas aportaciones serán sistematizadas por la comisión e incorporadas a una iniciativa de ley. Beltrán propuso instalar un buzón en la sede del Congreso, usar redes sociales y mantener el diálogo para enriquecer el debate parlamentario.
Al clausurar, Sara Ramírez (PT) resaltó que la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales de los gobiernos democráticos. Reconoció avances en la materia y la disposición de legisladores para atender reclamos sociales.
Como ponentes participaron Claudia Margarita Hernández Flores, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y académicos de la UAEMéx: Edgar Carbajal Castelán, Leobardo Ruiz Alanís y Eduardo Rodríguez Manzanares. Coincidieron en que la ley debe tener vocación municipal y democrática, además de ser equitativa e inclusiva.
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Se planteó que la normatividad sea vinculatoria, universal e intercultural, con lenguaje claro y accesible, y que contemple la corresponsabilidad ciudadana. Entre las propuestas: sanciones a servidores públicos que incumplan demandas, contenidos sobre participación en escuelas, fortalecimiento de comités municipales y delegacionales, capacitación ciudadana, difusión de la importancia de la ley, gestión de propuestas mediante cabildos abiertos y uso de tecnologías para promover la participación.
