Se incorporaron disposiciones en materia de justicia, como la nulidad de juicios fraudulentos, tribunales de alzada unipersonales y acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
Toluca, Estado de México.– En el primer trimestre de 2026 se modificó el marco constitucional para que la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales participen en la investigación de delitos, bajo la conducción del Ministerio Público. También se reforzaron las mesas de paz como instancias de coordinación operativa y toma de decisiones.
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El Congreso expidió una nueva ley para prevenir y sancionar la extorsión, en particular el “cobro de piso”. Su persecución quedó establecida de oficio. Asimismo, se derogó el delito de extorsión del Código Penal estatal, ya que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión lo incorpora y define las sanciones correspondientes.
La normativa establece que los centros penitenciarios deberán implementar procedimientos y tecnologías para inhibir llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen.
En materia de protección a víctimas, se creó el Juzgado LIBRE, especializado en órdenes de protección en casos de violencia de género. Se tipificaron la violencia vicaria —con sanciones de hasta ocho años de prisión para quien utilice a hijas, hijos, familiares o personas cercanas con el fin de dañar a una mujer— y la violencia digital, definida como acciones dolosas realizadas mediante tecnologías de la información y la comunicación. Se dispusieron medidas inmediatas de protección y se fortalecieron las acciones de búsqueda de personas desaparecidas mediante mayor coordinación entre autoridades.
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En el ámbito judicial, se incorporó la nulidad de juicios concluidos para invalidar resoluciones obtenidas mediante fraude o pruebas falsas. También se reconoció la competencia de tribunales de alzada integrados por una sola magistratura.
