El Congreso del Estado de México aprobó reformas federales en materia de seguridad y combate a la extorsión. Durante el primer periodo ordinario de su segundo año de ejercicio constitucional, la LXII Legislatura respaldó cambios que fortalecen el control parlamentario sobre la Guardia Nacional y avanzan hacia un marco jurídico uniforme contra la extorsión en todo el país.
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La reforma constitucional otorga al Senado la facultad de ratificar los nombramientos de las jefaturas superiores de la Guardia Nacional realizados por el Ejecutivo federal, además de incorporar lenguaje inclusivo en los artículos 76 y 78 de la Constitución. Con ello se refuerzan la transparencia, la rendición de cuentas y el control parlamentario en seguridad pública.
En paralelo, se aprobó la minuta que confiere al Congreso de la Unión la jurisdicción para expedir la Ley General contra la Extorsión. Esta norma permitirá perseguir de oficio el delito, homologar penalidades y agravantes en todas las entidades, y fortalecer la coordinación entre Federación y estados.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, busca eliminar la fragmentación jurídica que ha dificultado la impartición de justicia y que ha sido aprovechada por la delincuencia.
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Ambas reformas fueron avaladas por el Congreso mexiquense como parte del Constituyente Permanente, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Artículo 135 constitucional, que exige mayorías calificadas para garantizar la estabilidad de la Carta Magna.
