La Legislatura recibió además una propuesta de la gobernadora para cambiar la denominación del municipio de Atizapán por Santa Cruz Atizapán.
El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que las unidades económicas con servicio de estacionamiento público otorguen 60 minutos gratuitos a sus clientes, sin condicionarlo a un consumo mínimo, y para que den acceso sin restricción a los sanitarios a todas las personas, compren o no productos.
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La propuesta aplica a los estacionamientos con acceso controlado de entrada y salida, así como con acomodo de vehículos, ya sea que los negocios operen la actividad de forma directa o mediante terceros, en el mismo inmueble o en otro. Exceptúa a los negocios cuya única actividad sea el servicio de estacionamiento y que no se encuentren en los mismos inmuebles que las unidades económicas ni contiguos a ellas.
El proyecto, leído por el diputado Peláez Soria en la sesión de la LXII Legislatura, prevé sanciones por incumplimiento. Estas se calcularían al multiplicar el número de cajones por la tarifa al usuario, o con una multa de 40 a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre 4 mil 692 y 5 mil 865 pesos, según el monto vigente.
La obligación aplicaría a centros comerciales, plazas e inmuebles que albergan varias unidades económicas, tiendas de autoservicio, supermercados, restaurantes, cafeterías, salones de fiestas, bares, discotecas, centros nocturnos, clubes privados, salas de cine, teatros, auditorios, hospitales o clínicas privadas, centros de asistencia, escuelas, universidades o centros educativos privados, establecimientos de hospedaje y, en general, cualquier unidad económica que ofrezca el servicio.
Los titulares de las unidades económicas tendrían además la obligación de reservar espacios preferentes para personas con movilidad reducida o limitada, con señalización y cercanos a la entrada principal, conforme a la normatividad aplicable.
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En la exposición de motivos, la iniciativa señala que se realizó una ponderación para no vulnerar el derecho al libre comercio ni el giro de las unidades económicas que operan estacionamientos. Indica que una hora sin costo de aparcamiento reduce la resistencia económica, estimula la afluencia a los comercios locales, diversifica las ventas y favorece la competitividad económica regional.
El documento también argumenta que la medida protegería la economía familiar frente a cobros en casos en que la estancia responde a necesidades básicas, como la educación formal, la compra de víveres o el acceso a servicios de salud privados y clínicas médicas, donde el gasto por estacionamiento agrava la condición de vulnerabilidad de los usuarios.
La iniciativa cita el Amparo en Revisión 168/2020, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Este se basa en que las libertades económicas no son absolutas y pueden sujetarse a condiciones razonables cuando se busca proteger los derechos de terceros y de la sociedad. Precisa que una tolerancia temporal no elimina la posibilidad de obtener una retribución por el servicio, ya que el cobro puede realizarse al concluir el periodo gratuito.
Añade que la medida equilibra el interés del prestador del servicio con el derecho de los usuarios a contar con condiciones accesibles de estacionamiento, desde la perspectiva del derecho a la ciudad. La sentencia también reconoce que la regulación genera un beneficio colectivo, porque evita la ocupación de calles y avenidas por vehículos cuyos conductores buscan eludir el cobro, favorece el flujo vial y protege el uso común del espacio urbano.
Respecto al acceso gratuito a los sanitarios para quien lo solicite, sin exigir la compra de bienes o la contratación de servicios, la propuesta establece condiciones de higiene, con suministro de agua, papel sanitario, jabón y demás insumos necesarios para garantizar la salud y el bienestar de los usuarios. La reforma al Código Administrativo y a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, ambos del Estado de México, subraya que se trata de una necesidad básica vinculada con la salud pública, la dignidad humana y el bienestar de las personas.
El documento sostiene que el uso de un sanitario no debe depender de la capacidad económica de una persona ni de su calidad de cliente, pues las necesidades fisiológicas son inherentes a la condición humana y pueden presentarse en cualquier momento, en particular durante los desplazamientos cotidianos, las jornadas laborales, las actividades educativas y el uso de espacios públicos.
Por ello, considera necesario promover condiciones que permitan el acceso gratuito a los sanitarios disponibles en las unidades económicas abiertas al público, sin condicionarlo a la compra de productos o servicios ni sujetarlo a restricciones injustificadas.
Analizará Congreso cambio de denominación de Atizapán a Santa Cruz Atizapán
El Congreso mexiquense estudiará una propuesta de la gobernadora para cambiar la denominación del municipio de Atizapán por Santa Cruz Atizapán en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes.
El proyecto, leído por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (Morena), indica que el Ejecutivo recibió la iniciativa por conducto de Emilio Salas Perea, presidente municipal de Atizapán, quien estuvo presente en la sesión. La propuesta considera los resultados de un proceso de consulta popular.
El documento señala que el nombre Santa Cruz Atizapán es una expresión histórica vinculada con la conformación del pueblo desde el periodo virreinal. Posteriormente se utilizó en documentos relativos a la propiedad de la tierra, la organización comunitaria, la administración municipal y la vida pública de la población.
