El Poder Judicial del Estado de México inició el análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales a diez años de su implementación.
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Entre los temas revisados estuvieron la legalidad de las detenciones y el respeto al debido proceso. Este encuentro fue el primero de tres que se realizarán y contó con la participación de operadores del sistema penal.
Se abordaron asuntos como el rol de la víctima en el proceso penal, la reparación del daño, las medidas cautelares en la etapa de investigación, la capacitación de servidores judiciales, así como los retos de la Defensoría Pública y de la Fiscalía.
El evento fue organizado por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México y presidido por Virgilio Jaramillo Rojas, en representación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, y por José Luis Embris Vásquez, Director de la Escuela Judicial. La moderación estuvo a cargo de la Magistrada Elizabeth Rodríguez Colín.
La Magistrada Cecilia Moreno Luna señaló que se han consolidado figuras como la legalidad de las detenciones, el respeto al debido proceso, el régimen de medidas cautelares y la especialización de operadores jurídicos. Indicó que uno de los desafíos es fortalecer el principio de presunción de inocencia y garantizar que la prisión preventiva se mantenga como medida excepcional.
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El Magistrado Ismael Hernández Alemán destacó la necesidad de una participación más efectiva de las víctimas en el proceso penal, pues su intervención limitada afecta el objetivo de garantizar la reparación del daño. Subrayó que la consolidación del sistema requiere el compromiso de jueces, fiscalías, defensorías y asesores jurídicos.
Juan Abelardo Hernández Franco, Director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, campus Toluca, señaló que la capacitación de los operadores jurídicos es un factor clave. Entre los retos mencionó la integración adecuada de las carpetas de investigación y la construcción de narrativas claras y cronológicas de los hechos.
Marcial Hernández López, agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Asuntos Especiales, expuso que uno de los principales desafíos es el volumen de denuncias que atiende la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lo que incrementa la carga de trabajo y exige fortalecer recursos y procesos.
José Carlos Neira Cruz, titular de la Dirección General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, resaltó la necesidad de capacitación permanente en análisis de hechos, argumentación jurídica, peritajes especializados y estrategias de litigación. Señaló que la falta de recursos financieros representa una desventaja frente a otras instancias del sistema.
Al encuentro asistieron las Magistradas Nancy Flores Mendoza, Karla Ivonne Díaz Iniesta y María Alejandra Almazán Barrera, así como los Magistrados Alejandro Gómez Sánchez y Jesús Ángel Cadena Alcalá.
