Diputados de Morena y del PT respaldaron incorporar a las personas de la diversidad sexo-genérica entre los grupos de atención prioritaria en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo social estatal y municipal. Argumentaron que estas acciones deben ser incluyentes, garantizar condiciones de igualdad y tener cobertura universal.
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El posicionamiento se dio durante una reunión de las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social, y para la Defensa de los Derechos de las Poblaciones LGBTTTIQ+ del Congreso del Estado de México. En ella se analizó la iniciativa de la diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández (Morena), que propone incluir a las poblaciones LGBTTTIQNB+ (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, transgénero, intersexuales, queers, no binarias y más) entre los grupos de atención prioritaria en esas acciones gubernamentales.
En la mesa de trabajo participaron Navarro Hernández, el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida y la diputada Zaira Cedillo Silva, de Morena, así como la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del PT. Coincidieron en que es necesario garantizar el acceso igualitario al bienestar y al desarrollo social.
Ante integrantes de este sector, Navarro Hernández, quien preside la Comisión para la Defensa de los Derechos de las Poblaciones LGBTTTIQ+, explicó que su propuesta no se limita a crear un apoyo económico temporal, sino que busca reconocer de manera permanente a este sector en la Ley de Desarrollo Social estatal.
Señaló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cinco millones de personas de 15 años y más se autoidentifican como parte de la diversidad sexual y de género. La cifra equivale al 5.1 por ciento de la población de ese rango de edad, es decir, una de cada 20 personas. Agregó que el Estado de México es la entidad del país con el mayor número de personas de esta comunidad.
Valdeña Bastida, presidente de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, afirmó que la política social no debe limitarse a atender la pobreza, sino también combatir la exclusión y generar condiciones de igualdad mediante un marco jurídico que acompañe los cambios de la sociedad y permita que las acciones de gobierno respondan a distintas realidades. Dijo que el proyecto debe analizarse con apertura.
Cedillo Silva sostuvo que no es posible construir una política social universal si hay personas que continúan invisibilizadas. Indicó que la discusión no implica crear privilegios, sino garantizar la igualdad sustantiva, que parte de reconocer que no todas las personas tienen las mismas condiciones. Precisó que, cuando existen barreras estructurales, el Estado debe adoptar medidas para que los derechos puedan ejercerse.
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Por su parte, Leyva Piñón declaró que la exclusión y la vulnerabilidad históricas que enfrentan las poblaciones de la diversidad sexo-genérica son un problema persistente. Dijo que la propuesta plantea una medida de equidad para que nadie quede fuera de las políticas públicas de bienestar.
La iniciativa también establece en la Ley de Desarrollo Social que las poblaciones LGBTTTIQNB+ son las representadas por esos acrónimos: personas cuyas identidades de género, orientaciones sexuales y expresiones de género difieren de las normas tradicionales.
