El Pleno legislativo aprobó armonizar la Constitución local con la carta magna nacional. El bloque oficialista destaca la facilitación de los comicios, mientras que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano alertan sobre la centralización y pérdida de contrapesos
Toluca, Méx. — En el marco de una sesión ríspida y marcada por profundos contrastes ideológicos durante el Séptimo Periodo Extraordinario de la LXII Legislatura, el Pleno del Congreso mexiquense aprobó reformas constitucionales de gran calado para armonizar la legislación del Estado de México con la reforma federal en materia de elección judicial. La modificación central establece que la renovación del Poder Judicial del estado concluirá de forma definitiva mediante los comicios a celebrarse el primer domingo de junio de 2028, aplazando la fecha originalmente proyectada para 2027.
La iniciativa, promovida por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, no solo redefine los plazos electorales, sino que reconfigura toda la arquitectura organizativa, territorial y de supervisión que regirá la selección de los administradores de justicia en la entidad.
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Un nuevo andamiaje electoral: Filtros, geografía y boletas
El dictamen avalado introduce un entramado técnico detallado para la preparación del proceso. Entre las innovaciones más notables se encuentra la creación de una comisión coordinadora, la cual estará conformada por los coordinadores de cada uno de los tres comités de evaluación independientes (uno por cada poder del Estado, integrados por cinco reconocidos juristas cada uno). Esta comisión tendrá la enorme responsabilidad de unificar los criterios, metodologías y exámenes de conocimientos que definirán las candidaturas.
Asimismo, el documento traza directrices específicas sobre la logística electoral:
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Nueva Organización Territorial: El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) segmentará el territorio en regiones judiciales electorales y distritos judiciales electorales, rediseñando la cartografía conforme a las especialidades requeridas. Con esto se asegura que los votantes elijan candidaturas por cada rama del derecho. Sin embargo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial se elegirán a nivel estatal.
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Boletas sin Identidad Partidista: La jornada electoral se empalmará con las elecciones ordinarias y se prohibirá la intervención de los partidos políticos. Las boletas incluirán recuadros claros que permitan identificar la especialidad de la vacante, si el aspirante busca la reelección o es juez en funciones, y cuál de los tres poderes del Estado lo postuló.
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Mecanismo de Selección: Cada poder postulará a dos personas por cargo mediante listas previamente reducidas por los comités de evaluación a través de un proceso de insaculación pública (tómbola), cuidando rigurosamente el principio de paridad de género.
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El debate en la tribuna: ¿Evolución institucional o control político?
Durante la presentación del dictamen, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena) elogió el proyecto de Francisco Vázquez, calificándolo como un logro que sumó el consenso de los tres poderes. Explicó que las elecciones judiciales vividas en el año 2025 arrojaron valiosas áreas de oportunidad que hacían indispensable actualizar la norma. “La reforma facilita el proceso de elección, pues las instituciones deben mantenerse en constante evolución”, argumentó.
En sintonía, el parlamentario Octavio Martínez Vargas (Morena) aclaró que la reforma no alterará los distritos tradicionales y que dará orden al conteo de los sufragios. Destacó además que, por única ocasión, las personas juzgadoras electas en 2028 ejercerán un periodo de ocho años —concluyendo en 2036— en lugar de los nueve ordinarios. Celebró que se eleve a rango constitucional la Sala de Asuntos Indígenas y se obligue a renunciar a aquellos jueces en activo que busquen postularse para un cargo distinto.
La oposición advierte riesgos de sumisión institucional
Desde la acera contraria, las bancadas del PRI, PAN y MC alzaron la voz en contra de la minuta al considerar que la reforma abre la puerta a la captura política de los tribunales.
La congresista Leticia Mejía García (PRI) centró sus críticas en la nueva comisión coordinadora, advirtiendo que funcionará como un “filtro centralizado, paralelo y adicional” enfocado en profundizar el control de las estructuras gubernamentales sobre los aspirantes. De igual forma, lamentó que se encomienden las tareas de capacitación técnica al Tribunal de Disciplina Judicial en lugar de regresarle explícitamente esa facultad a la Escuela Judicial, restándole un rol formativo vital.
Por su parte, la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN) fue incisiva al manifestar que la discusión apresurada de una “reforma de la reforma” es un síntoma claro de improvisación y urgencia por doblegar a los contrapesos estatales. Señaló con preocupación que el naciente Tribunal de Disciplina Judicial, al ostentar facultades sancionadoras y educativas de forma simultánea, corre el peligro de transformarse en un temible instrumento de coacción para aniquilar la independencia de los juzgadores.
Finalmente, la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) subió a tribuna para presentar reservas orientadas a blindar los perfiles de los candidatos mediante controles estrictos que descartaran posibles nexos con el crimen organizado, así como para conferir el control formativo de manera exclusiva a la Escuela Judicial. Sus propuestas no fueron aceptadas para debate, lo que la llevó a sentenciar que la reforma altera el equilibrio republicano y desenfoca la atención de los jueces, quienes deberían concentrarse en sus salas y juzgados en lugar de realizar campañas.
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Transición, vacantes y el camino hacia los municipios
El dictamen contempla disposiciones de continuidad institucional en sus artículos transitorios. Las personas juzgadoras cuyo encargo concluía originalmente en 2027 verán prorrogadas sus funciones de forma legal hasta el año 2028, momento en el que rendirán protesta los ganadores del voto popular, a excepción de las presidencias del TSJ y del Tribunal de Disciplina Judicial. Las personas electas tomarán protesta el 5 de septiembre de 2028 ante el Congreso e ingresarán a sus adscripciones a más tardar el 15 de septiembre del mismo año.
En lo relativo al orden operativo diario, se estipula que ante la ausencia definitiva, destitución o fallecimiento de un juzgador, el Órgano de Administración Judicial declarará la vacante formal de manera inmediata y el puesto será sometido a votación directa en el proceso electoral judicial subsiguiente, borrando de tajo cualquier margen de discrecionalidad. Las licencias mayores a 15 días ya no serán libres; requerirán la aprobación sin goce de sueldo del Congreso local o de la Diputación Permanente.
Al tratarse de una reforma de carácter constitucional, el decreto aprobado por el Pleno legislativo será remitido a los 125 ayuntamientos del Estado de México. El siguiente paso legal e indispensable para su entrada en vigor definitiva será conseguir el voto aprobatorio de la mayoría calificada de los municipios mexiquenses, abriendo un periodo de 30 días naturales para la obligada adecuación total del marco jurídico local.
