El Poder Judicial del Estado de México firmó un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito de impulsar acciones conjuntas que fortalezcan la seguridad institucional y el acceso a una justicia más cercana.
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Con este convenio, denominado “Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Integral del Poder Judicial del Estado de México”, se busca garantizar condiciones de seguridad para quienes imparten justicia, ampliar el acceso efectivo a este derecho y brindar mayor confianza y accesibilidad a la ciudadanía. La firma se realizó en la sede de la ONU en México, encabezada por Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, junto con Silvia Morimoto y Annabelle Sulmont, representantes del PNUD, además de magistradas, magistrados y funcionarios de la AMEXCID.
Durante el acto, Macedo García subrayó que esta colaboración consolida una alianza histórica entre el Poder Judicial mexiquense y el PNUD, orientada a fortalecer la seguridad institucional y ampliar la cooperación internacional en temas de acceso a la justicia, derechos humanos, innovación y buenas prácticas. Señaló que la impartición de justicia requiere instituciones sólidas e independientes, por lo que este esfuerzo permitirá mejorar la prevención, la gestión de riesgos, la coordinación interinstitucional y la capacitación especializada, además de fomentar el intercambio de experiencias internacionales en justicia abierta, transformación digital e inteligencia artificial.
Por su parte, Silvia Morimoto destacó que la alianza representa un compromiso compartido para construir un servicio de justicia más cercano y centrado en las personas. Subrayó que el acceso efectivo a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho son condiciones indispensables para sociedades pacíficas y un desarrollo sostenible. Añadió que el PNUD acompañará al Poder Judicial mexiquense en la consolidación de una institución transparente y resiliente.
En su intervención, Annabelle Sulmont explicó que el proyecto contempla acciones conjuntas durante doce meses, con asistencia técnica, capacitación, desarrollo de herramientas operativas y estrategias de gestión del cambio, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
El Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial, señaló que el protocolo constituye una herramienta integral para prevenir y mitigar riesgos que enfrentan personas juzgadoras, personal judicial y usuarios de los servicios de justicia. Precisó que se sustenta en tres ejes: protección integral de las personas juzgadoras, protección del personal judicial y de la ciudadanía, y uso responsable de los recursos públicos, incluyendo medidas de ciberseguridad para salvaguardar información institucional y datos personales.
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La firma fue atestiguada por magistradas y magistrados integrantes del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como por secretarias y directores de áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de México.
