El dictamen establece la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, así como la obligación de permitir el acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y otras tecnologías
Toluca, Estado de México – En un paso decisivo para atender una de las crisis sociales más profundas de la entidad, las comisiones unidas de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la cual busca fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas.
El dictamen, respaldado por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, Seguridad Pública y Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, propone cambios estructurales a diversas leyes estatales y al Código Civil para modernizar la respuesta del Estado ante este fenómeno.
Tecnología y datos biométricos: El nuevo eje de búsqueda
La reforma establece la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda y obliga a las instituciones de seguridad, salud y procuración de justicia a compartir información crítica. Entre los puntos más innovadores se encuentran:
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Acceso Tecnológico: Las autoridades de búsqueda podrán consultar datos biométricos, registros forenses y, por primera vez, imágenes satelitales y tecnología de aeronaves no tripuladas (drones).
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Bloqueo de Identidad: Se notificará al Registro Nacional de Población para activar alertas en la Plataforma Única de Identidad sobre el uso de la CURP de la persona desaparecida, dificultando el uso ilícito de su identidad.
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Fichas Masivas: Se creará y difundirá de manera obligatoria una ficha de búsqueda de alcance masivo en todos los canales institucionales.
Una deuda histórica con las familias
Durante el debate parlamentario, diputados de diversas bancadas reconocieron las deficiencias actuales. El legislador Octavio Martínez Vargas (Morena) señaló que hoy en día son las familias quienes asumen la carga de rastrear cámaras y gestionar datos, por lo que urgió a una reforma profunda en la Fiscalía estatal y la integración formal del Consejo Estatal Ciudadano con colectivos de búsqueda.
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Por su parte, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) aportó cifras alarmantes: hasta mayo de 2024, el Estado de México, junto a Jalisco y Tamaulipas, concentraba el 48% de las desapariciones en el país, ocupando el primer lugar nacional en desaparición de menores hasta junio de 2023.
Fortalecimiento institucional y sanciones
La iniciativa no solo contempla tecnología, sino también una reestructuración administrativa:
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Fiscalía Especializada: Deberá contar con unidades multidisciplinarias con perspectiva de género, análisis de contexto y áreas de delitos cibernéticos.
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Cero Tolerancia a la Omisión: Se busca sancionar a los servidores públicos que retrasen o nieguen las denuncias, a fin de evitar la revictimización.
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Coordinación Total: Se garantiza un esquema de trabajo conjunto entre la Federación, el estado y los municipios para que la información fluya sin trabas burocráticas.
Posturas divididas por la privacidad
Pese al avance, la bancada del PAN, a través de la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, votó en contra del dictamen. Si bien reconoció el valor de la tecnología, subrayó que el uso de datos biométricos debe tener controles estrictos y órganos de vigilancia para evitar abusos o vulneraciones a la privacidad.
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Ruth Salinas Reyes (MC) coincidió en la necesidad de controles claros sobre los datos, enfatizando que la prioridad debe ser la atención en los municipios con mayor incidencia y el trabajo colaborativo con las familias de las víctimas.
Con esta aprobación en comisiones, el dictamen pasará al Pleno del Congreso mexiquense para su votación final, marcando lo que el Gobierno estatal define como un “mecanismo unificado y eficaz” para enfrentar la desaparición en la entidad.
