Con esta herramienta se fortalece el impulso al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos
TOLUCA, Estado de México. – En un paso decisivo hacia la modernización del aparato gubernamental, la Diputación Permanente del Congreso mexiquense emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que establece la simplificación administrativa y la digitalización de trámites como derechos e instrumentos fundamentales para el desarrollo social y económico de la entidad.
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Tras recibir el aval mayoritario de los 125 ayuntamientos del Estado de México, la reforma a la Constitución local obliga ahora a las autoridades estatales y municipales a implementar políticas de “Gobierno Digital”. El objetivo central es que las decisiones y servicios gubernamentales estén al alcance de la ciudadanía de manera accesible, clara y transparente, eliminando la burocracia excesiva que históricamente ha frenado el crecimiento regional.
Adiós a la Mejora Regulatoria; nace una nueva autoridad digital
Uno de los cambios más profundos de esta reforma es la transformación institucional del estado. Con la entrada en vigor de este decreto, se abroga la Ley para la Mejora Regulatoria vigente desde 2018 y se concreta la extinción de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
En su lugar, la actual Agencia Digital de la entidad evoluciona para convertirse en la Autoridad Estatal de Simplificación y Digitalización. Este nuevo ente no solo asumirá los recursos de la comisión extinguida, sino que tendrá el mandato constitucional de:
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Liderar la transición hacia servicios digitales en todos los niveles de gobierno.
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Garantizar la seguridad jurídica y la transparencia mediante el uso de tecnologías de la información.
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Coordinar con organismos autónomos y los tres poderes del Estado modelos de gestión pública eficientes.
Un consenso político por el bienestar
La minuta, presentada ante el pleno por la legisladora Jennifer Nathalie González López, es el resultado de la fusión de dos iniciativas clave: la propuesta por el diputado Armando Navarrete López y la impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
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Esta alianza legislativa subraya la prioridad de la administración estatal por consolidar un “gobierno abierto”. Al elevar estas medidas a rango constitucional, se garantiza que la digitalización no sea un esfuerzo sexenal, sino una política de Estado permanente que facilite la vida cotidiana de las y los mexiquenses, reduciendo espacios para la opacidad y fomentando la eficacia administrativa.
“Con esta herramienta se fortalece el impulso al desarrollo y bienestar de las personas, grupos y sectores económicos que ya no tendrán que enfrentar barreras burocráticas obsoletas”, destaca el documento aprobado.
Con esta declaratoria, el Estado de México se coloca a la vanguardia nacional en materia de derecho administrativo, preparando el terreno para una gestión pública donde el ciudadano sea el centro de la estrategia tecnológica.
