El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial del Estado de México aprobó una política de salud para sus trabajadores y una reorganización del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CPMASC), con la que busca reducir trámites y tiempos en la resolución de conflictos.
Ambos acuerdos se votaron en la Sesión Ordinaria del Pleno del OAJ. Participaron el magistrado Fernando Díaz Juárez, titular del órgano; las magistradas María Alejandra Almazán Barrera y María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín; y los magistrados Edgar Hernán Mejía López y Pablo Espinosa Márquez, integrantes del Pleno. Asistieron como invitados permanentes el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y la magistrada Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial.
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Rafael Ochoa Morales, titular de la Unidad de Normatividad y Consulta Jurídica, leyó el acuerdo que establece las bases de la Política Integral de Salud para las personas servidoras públicas del Poder Judicial mexiquense. Contempla exámenes médicos preventivos, campañas de vacunación, orientación nutricional, activación física, primeros auxilios y atención a la salud mental. También prevé consultorios médicos básicos, seguros médicos complementarios, apoyos económicos ante contingencias y canales confidenciales para denunciar violencia laboral.
El acuerdo incluye evaluaciones para detectar riesgos psicosociales y medidas para prevenirlos. Incorpora además la perspectiva de género y los derechos humanos, con atención prioritaria para servidoras públicas embarazadas o en periodo de lactancia, y para trabajadores en situación de vulnerabilidad o con enfermedades degenerativas. La Dirección General de Administración ejecutará las acciones, y la Dirección General de Finanzas y Planeación realizará las gestiones presupuestales.
El Pleno también aprobó modificar la estructura orgánica del CPMASC, a propuesta de su titular, la magistrada Blanca Colmenares Sánchez. Con el cambio, el Centro Virtual pasará a ser una unidad administrativa dependiente de la Dirección General, con responsabilidades y lineamientos propios, y coordinación con los juzgados.
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La reorganización busca facilitar las juntas informativas y las sesiones de mediación a distancia, dar seguimiento continuo a los expedientes y reducir traslados y trámites en papel. Contempla además la conexión en tiempo real entre los órganos jurisdiccionales y el Centro Público, y el envío electrónico de constancias directamente a los expedientes judiciales, para evitar retrasos en los procedimientos.
El esquema prevé personal fijo que atienda cada asunto de principio a fin y procedimientos para canalizar los casos desde los juzgados. El proyecto retoma la experiencia de atención virtual de la pandemia de COVID-19 e incluye coordinación tecnológica, adecuación de espacios en la Torre II de los juzgados Civiles y Familiares de Toluca, y pruebas piloto en el Juzgado Séptimo Familiar de Toluca y en el Juzgado Mixto de Chalco, con residencia en Ixtapaluca.
El magistrado presidente Héctor Macedo García señaló que es necesario proteger la salud física y emocional del personal judicial mediante acciones preventivas y mayor atención médica. Sobre el Centro Virtual, indicó que permite optimizar recursos y reducir el rezago judicial, particularmente en materia familiar. Agregó que las juntas informativas deben ayudar a las personas a conocer los beneficios del diálogo y la mediación.
El Pleno abordó los lineamientos para reuniones de trabajo, sesiones del Pleno, firma de actas y publicación de acuerdos. Aprobó la creación de brigadas permanentes regionalizadas para apoyar a los juzgados familiares. Analizó cambios de domicilio y operación de juzgados civiles y familiares, así como ajustes en la competencia y estructura de órganos jurisdiccionales. También revisó las atribuciones de la Contraloría Interna en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
