Exigían a Verificentros pago de hasta 500 mil pesos a cambio de no quitarles la licencia y hasta el local
Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), enmarcada en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, sacó a la luz una red criminal que operaba desde la propia Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad. El esquema, que se mantenía activo al menos desde diciembre de 2023, extorsionaba de forma sistemática a propietarios de Centros de Verificación Vehicular e impactaba directamente en la economía de los automovilistas mexiquenses.
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De acuerdo con el expediente ministerial, las indagatorias iniciaron tras recibir denuncias ciudadanas, las cuales derivaron en labores de campo y gabinete que permitieron identificar la probable intervención de servidores públicos en activo con facultades para expedir, autorizar y revalidar licencias de funcionamiento de los verificentros, además de exservidores públicos y particulares.
Mecanismos de coerción e impacto en los usuarios
La red operaba imponiendo cobros ilícitos por el número de verificaciones realizadas y por cada “línea” habilitada en los establecimientos. Para cubrir los montos exigidos, los concesionarios trasladaron parte de estos costos a los usuarios, detonando la proliferación de cobros irregulares para tramitar “brincos” a vehículos que no aprobaban las pruebas o que acudían de forma extemporánea.
En el Estado de México opera un padrón de más de 7 millones de vehículos sujetos a revisión semestral, atendidos por 163 verificentros y 878 líneas de verificación. La Fiscalía analiza el alcance exacto del daño en la infraestructura estatal.
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Para presionar a las víctimas, los involucrados manipulaban el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV). Aunque la plataforma cuenta con filtros de seguridad para analizar emisiones en tiempo real, el personal del Centro de Control de la Secretaría desactivaba y reactivaba el acceso de forma arbitraria.
Los cierres remotos se extendían por horas, días o meses bajo pretextos menores —como un logotipo despintado, equipos de cómputo desactualizados o desfases en las videocámaras—, acompañados de procedimientos administrativos ante la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROPAEM). La reactivación del sistema quedaba condicionada a nuevos pagos. Asimismo, se restringía la venta de hologramas hasta que los concesionarios cedieran a las exigencias económicas.
Reuniones clandestinas y exigencia de $430 millones
El 23 de diciembre de 2023, Raúl “N”, entonces Director General de Control de Emisiones Atmosféricas, convocó a dueños y administradores de verificentros a un restaurante en la Ciudad de México. En dicha cita, les advirtió que:
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Para continuar operando debían pagar $200,000 pesos mensuales por establecimiento, aun contando con la documentación en regla. Ante el temor a represalias, algunos empresarios aceptaron cuotas ajustadas de entre $30,000 y $100,000 pesos.
Posteriormente, en febrero de 2024, se les exigió un cobro “retroactivo” de $162,500 pesos por haber sido permitidos a trabajar entre octubre y diciembre del año anterior. Paralelamente, Carlos Eduardo “N” retiró arbitrariamente revalidaciones ya autorizadas.
La meta era recolectar 430 millones de pesos antes de noviembre del 2026
Hacia marzo de 2026, la red incrementó sus pretensiones al buscar integrar un fondo ilícito de más de 430 millones de pesos antes de noviembre del mismo año, solicitando $500,000 pesos por cada una de las 878 líneas de verificación del estado.
Los cobros en efectivo se realizaban bajo cita previa o códigos QR en oficinas privadas de la colonia Bosques de Las Lomas y en inmuebles de la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.
Desapoderamiento, violencia e intervenciones judiciales
La investigación expone que el grupo delictivo obligó a diversos concesionarios a ceder porcentajes de sus empresas mediante la ocultación de fechas de trámite y la emisión de licencias con vigencias reducidas (de 6 a 12 meses). Para apoderarse de las instalaciones, utilizaron al menos dos razones sociales vinculadas al grupo y recurrieron a intimidaciones alegando “protección política“.
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Ante las negativas, los imputados amenazaron de muerte a los empresarios y a sus familias mediante mensajes explícitos que advertían agresiones físicas fatales si no abandonaban los establecimientos. Adicionalmente, pretendían modificar concesiones destinadas originalmente a agencias automotrices para operarlas de forma abierta a través de empresas morales afines.
Verificentros asegurados en agosto
Entre el 10 y el 14 de agosto de 2026, la FGJEM aseguró cinco centros de verificación en los municipios de Nezahualcóyotl (dos establecimientos), Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla. De igual forma, se ejecutaron cateos en oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente situadas en Tlalnepantla y Metepec para el aseguramiento de indicios.
Situación jurídica de los detenidos
El pasado 10 de agosto de 2026, elementos de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional aprehendieron a Raúl “N” y a Carlos Eduardo “N”.
El 16 de agosto, un Juez de Control determinó vincularlos a proceso —al primero por extorsión agravada y al segundo por abuso de autoridad— e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. La legislación penal mexiquense contempla penas de hasta 70 años de prisión para el delito de extorsión y hasta 9 años por abuso de autoridad.
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La FGJEM mantiene abiertas las líneas de investigación para desmantelar la totalidad de la red y sancionar a los concesionarios que hayan participado en los actos ilícitos. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y al sector empresarial a denunciar cualquier acto de coacción a través del correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx o la línea telefónica 800 7028770.
