La diputada Lety Mejía advirtió que las modificaciones no garantizan la independencia judicial y alertó sobre la creación de la Comisión Coordinadora como un filtro de afinidad política
Toluca, Estado de México — 13 de julio de 2026. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su rechazo absoluto y votó en contra del dictamen que modifica el proceso de elección de personas juzgadoras en la entidad, tras argumentar que las reformas aprobadas no resuelven los problemas de fondo en materia de acceso a la justicia ni blindan al sistema de la intervención partidista.
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Al fijar la postura de su bancada, la diputada priista Lety Mejía advirtió que la iniciativa omite atender la principal preocupación de la ciudadanía: la creciente politización en el proceso de selección de jueces y magistrados. En este sentido, precisó que el aplazamiento de las elecciones judiciales —reprogramadas para pasar del año 2027 al 2028— constituye únicamente una medida superficial que no representa una solución estructural.
“La propuesta no corrige lo esencial, la verdadera enfermedad sigue siendo la politización del proceso de nominación. Mientras el poder político conserve la llave que abre la puerta del Poder Judicial, no podremos hablar de independencia; mientras haya filtros que buscan afinidad política antes que méritos y experiencia, no habrá garantía de justicia para las y los mexiquenses”, acusó la legisladora desde la tribuna.
Alertan por centralización en la nueva Comisión Coordinadora
Uno de los puntos más criticados por la bancada tricolor fue la creación de la Comisión Coordinadora. Mejía cuestionó severamente sus funciones, señalando que, lejos de aportar mayor transparencia al ejercicio democrático, este nuevo órgano concentrará facultades discrecionales para vetar, seleccionar y privilegiar perfiles alineados o cercanos al poder en turno, lo cual refuerza la intromisión gubernamental en la integración del Poder Judicial del Estado de México.
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Ante este panorama, la diputada lanzó un enérgico llamado a las distintas fuerzas políticas para exigir una corrección de fondo a la Reforma Judicial. Entre las demandas principales del PRI, destacó la urgencia de que la Escuela Judicial recupere en su totalidad su papel formador para garantizar que la selección de los administradores de justicia responda estrictamente a valores de mérito, capacidad técnica y probidad, y no a lo que calificó como “recetas electorales para garantizar lealtades“.
“Compañeras y compañeros: defender la independencia judicial es defender nuestra democracia, y defender nuestra democracia es garantizar las libertades de las y los mexiquenses”, concluyó la legisladora, reiterando que la justicia en la entidad debe ser verdaderamente pronta, expedita y ajena a cuotas políticas.
