Entre los investigados destacan dos ex Subsecretarios, dos ex Directores Generales, dos ex Delegados Administrativos, un ex Coordinador de Delegaciones, dos Delegados Administrativos, un Coordinador de Delegaciones, dos Directores de Área y cinco Subdirectores de las Secretarías de Finanzas, Educación, Seguridad, Oficialía Mayor y SECTI
Toluca, Méx. — En un golpe sin precedentes contra la corrupción institucional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desarticuló una compleja red criminal dedicada a la simulación, venta y explotación ilegal de plazas docentes bajo el esquema de “aviadores“. La estructura operaba de manera sistemática al menos desde el año 2021, provocando un desfalco multimillonario al erario público.
A través de comunicado oficial, la institución confirmó que ha ejercido acción penal en contra de 33 involucrados, entre ex servidores públicos, funcionarios en activo y particulares. Del 28 de junio al 4 de julio de 2026, la Autoridad Judicial llevó a cabo las audiencias correspondientes, logrando la vinculación a proceso de 26 sujetos, quienes ya se encuentran recluidos bajo la medida de prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario de “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez. Un investigado más tiene pendiente la resolución de su situación jurídica, mientras que otros cinco promovieron juicios de amparo.
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El origen: Alertas en la Secretaría de Educación (SECTI)
La cloaca comenzó a destaparse los pasados 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo de 2026. En esas fechas, el representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI) de la actual administración presentó denuncias formales tras detectar 459 movimientos de alta de personal totalmente irregulares en plazas de docentes. Las alarmas se encendieron al constatar que estos supuestos servidores públicos cobraban sin ejercer función alguna.
Las indagatorias de la FGJEM revelaron que la red contaba con un soporte tecnológico clave: las plataformas SIGAP (Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal) de la SECTI y “META 4” de la Oficialía Mayor (OM), esta última diseñada para la dispersión de nómina e implementada a finales de 2017.
A pesar de que los expedientes carecían del soporte administrativo, profesional y documental indispensable para dar de alta a un maestro, los operadores registraban los nombres en los sistemas informáticos, evadiendo los filtros de control.
Lazos de consanguinidad y la caída de un operador en 2021
La Fiscalía identificó que la organización delictiva estaba sólidamente cohesionada por vínculos familiares y de estrecha confianza. Esto garantizaba la continuidad del negocio: cuando un funcionario dejaba su cargo de confianza, el esquema permanecía activo y su sucesor en la vacante era integrado de forma inmediata a la red. Antes de ser servidores públicos, varios de los implicados ya se conocían e incluso participaron juntos en el desarrollo de la plataforma “META 4”, lo que les permitió colocarse paulatinamente en puestos estratégicos de la Secretaría de Finanzas y otras dependencias para facilitar el ilícito.
Lo agarraron con las manos en la masa
El rastro de esta red tiene un antecedente clave. El 19 de diciembre de 2021, elementos de seguridad detuvieron a Juan Alberto “N” en un cajero automático del Centro de Toluca. Al momento de su captura, el sujeto tenía en su poder 164 tarjetas de débito a nombre de empleados adscritos a la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo.
Para encubrir el delito en sede ministerial, su entonces superior jerárquico, Rodolfo Alejandro “N”, testificó falsamente que el detenido tenía la instrucción de “apoyar en gestiones bancarias por fallas en los plásticos”. Asimismo, otro subordinado, Eduardo “N”, declaró que él le había prestado el efectivo firmando un pagaré, coartada que fue respaldada con versiones similares por Yesica “N”, Freddy Raymundo “N” y Felipe “N” para desvirtuar la acusación.
Reclutadores, capturistas y sueldos “fantasma”
El modus operandi financiero dependía de un amplio despliegue territorial aprovechando la naturaleza de las plazas de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad y, presuntamente, la Secretaría de Salud. La red empleaba a “reclutadores” —como la detenida Sabina “N”, quien gozó de una plaza docente del 2 de enero de 2025 al 15 de febrero de 2026— encargados de captar a familiares y amigos de su confianza.
Una vez autorizadas las altas fraudulentas, los reclutadores retenían las tarjetas de nómina. Distintos cómplices retiraban los recursos de los cajeros automáticos y los dispersaban entre la cúpula criminal. A los titulares legítimos de los datos solo se les entregaba una mínima contraprestación: por ejemplo, por cada 200 mil pesos recibidos por concepto de sueldo, el “falso docente” obtenía apenas 6 mil pesos, mientras que los altos mandos se quedaban con la mayor parte del dinero.
En la base operativa, el personal con funciones de capturista violó flagrantemente el Procedimiento 022 del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal. Estos trabajadores ignoraron la falta de propuestas formales de la Dirección Escolar o la ausencia del Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP). A pesar de ocupar los rangos más bajos, algunos capturistas realizaron más de 70 altas irregulares, cobrando 5 mil pesos por cada movimiento. Para ocultar el rastro, realizaban los registros de madrugada y alternaban mensualmente las cuentas de usuario desde las que ingresaban al sistema.
Para evitar ser descubiertos, los altos mandos coordinaron el intercambio de claves personales de acceso al SIGAP entre personal de la SECTI y de la Oficialía Mayor. Esto permitió adscribir a los falsos profesores a planteles educativos con claves de centro de trabajo inactivos, ubicados estratégicamente en municipios como:
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Almoloya de Alquisiras
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Amecameca
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Ecatepec
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Luvianos
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Naucalpan
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Nezahualcóyotl
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Metepec
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Tejupilco
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Texcoco
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Toluca
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Zinacantepec
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Zumpango
Mensajes de pánico ante las auditorías y lujos en el extranjero
En los 30 tomos y más de 12 mil fojas que integran el expediente de investigación, constan capturas de mensajes de texto donde los reclutadores instruían explícitamente a los “aviadores” a no registrarse en el ISSEMyM. En febrero de 2026, tras formalizarse la primera denuncia del gobierno estatal, se enviaron mensajes de pánico urgiendo a la destrucción de evidencias:
“Amigos y familia, el día de hoy muy temprano recibí una llamada telefónica de nuestro contacto que nos estuvo ayudando, me dice lo siguiente. Están auditando las cuentas que amablemente la gran mayoría ya cancelaron, el tema con los auditores es que quieren rascarle para inculpar a alguien de los mandos dentro de los cuales está nuestro contacto… si reciben una llamada, o mensaje o en un caso muy extremo recibieran una visita en sus domicilios, nosotros nos libramos negando absolutamente todo… no hemos trabajado en el gobierno… nunca recibimos ningún beneficio del gobierno… jamás hemos tenido cuentas para el trabajo en gobierno. No conocemos a nadie en gobierno…” (sic).
A la par del desvío masivo, la Fiscalía acreditó que todos los investigados se beneficiaron individualmente al asignarse una o más plazas docentes con salarios de aproximadamente 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían bajo licencias irregulares para asegurar beneficios jubilatorios o ventajas laborales indebidas en caso de perder sus puestos de confianza.
El análisis socioeconómico de la FGJEM confirmó que el estilo de vida de los imputados no correspondía con sus ingresos legítimos, ya que realizaban viajes suntuosos a París, Dubái, Las Vegas, las Islas del Caribe, China y Egipto, habitaban zonas de alta plusvalía y poseían vehículos, ropa y accesorios de alta gama.
Desfalco de 96 MDP y penas de hasta 26 años de cárcel
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México tipificó estas conductas bajo los delitos de abuso de autoridad y fraude. Se calcula que, tan solo en el periodo de enero de 2025 a febrero de 2026, el grupo obtuvo de forma ilícita más de 96 millones de pesos, derivado del cobro de aproximadamente 4 millones de pesos quincenales, además de aguinaldos, primas vacacionales y bonos. Esta cifra podría incrementarse sustancialmente de forma retroactiva hasta 2021 una vez que se certifique la continuidad operativa en los años previos.
Debido a que las conductas se cometieron de manera sistemática en momentos distintos pero bajo la misma naturaleza jurídica, el Ministerio Público determinó la actualización de un concurso real homogéneo de delitos. Esto implica que las penas ordinarias, estimadas entre 10 y 26 años de prisión, se acumularán individualmente por cada alta irregular que se logre acreditar a los acusados.
Poder Judicial agiliza órdenes de aprhensión y cateos
Para el desarrollo del caso, el Poder Judicial del Estado de México desplegó un operativo extraordinario de personal jurisdiccional a fin de agilizar las órdenes de aprehensión, cateos y audiencias de imputación solicitadas por la Fiscalía.
La lista de los 33 investigados
Ex servidores públicos de la administración pasada (2017-2023) y exelementos:
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Óscar “N”: Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas (16 de abril de 2021 al 30 de septiembre de 2023). Integró inicialmente el esquema tecnológico a finales de 2017.
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Sergio Andrés “N”: Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación (2019 al 2023).
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Alfredo “N”: Delegado Administrativo del Subsistema de Educación Básica en la SECTI (1 de marzo de 2024 al 31 de mayo de 2025).
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Felipe “N”: Exelemento de la Secretaría de Seguridad (2021).
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Fredy “N”: Exelemento de la Secretaría de Seguridad (2021).
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Yesica “N”: Exelemento de la Secretaría de Seguridad (2021).
Servidores públicos de la Oficialía Mayor (OM):
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Juan Alberto “N”: Delegado Administrativo de la Dirección General de Personal (desde el 16 de marzo de 2020). Detenido inicialmente en 2021 con las tarjetas bancarias.
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Araceli “N”: Directora de Remuneraciones al Personal de la Dirección General de Personal (16 de junio de 2021 a la fecha).
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Yunuen “N”: Subdirectora de Actualización de Base de Datos de la Dirección General de Personal (16 de abril de 2021 a la fecha).
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Fabiola Lidia “N”: Líder de Proyecto A con funciones de Secretaria Particular de Yunuen “N”.
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Christopher “N”: Subdirector de Desarrollo Técnico de la Dirección General de Personal (16 de octubre de 2024 a la fecha).
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Diego Emmanuel “N”: Jefe de Departamento de Base de Datos de Nómina de la Dirección General de Personal (16 de junio de 2022 a la fecha).
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David “N”: Director de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Dirección General de Personal (16 de junio de 2024 a la fecha).
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Daniel “N”: Secretario Particular del Director General de Personal (1 de mayo de 2021 a la fecha).
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Jair “N”: Analista Especializado (2022 a la fecha) y persona de absoluta confianza de Yunuen “N”.
Servidores públicos adscritos a la SECTI (Capturistas y mandos):
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Daniel Arturo “N”: Delegado Administrativo de la Subsecretaría de Educación Básica (1 de junio de 2025 a la fecha).
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Alejandra “N” (Capturista)
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Ángel Fernando “N” (Capturista)
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Anel “N” (Capturista)
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Yuritzi Lucero “N” (Capturista)
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Norma del Carmen “N” (Capturista)
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Ericka “N” (Capturista)
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Orlando “N” (Capturista)
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Jorge Emanuel “N” (Capturista)
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Óscar “N” “N” (Capturista)
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Alan Israel “N” (Capturista)
Personal de la Secretaría del Bienestar y particulares:
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Diana Paola “N”: Actualmente Analista B y asistente del Coordinador Administrativo en Bienestar. Entre 2021 y 2023 fungió como Jefa de Proyecto y Secretaria Particular de Óscar “N” (ex Subsecretario de Finanzas).
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Sabina “N”: Particular identificada dentro del esquema con carácter de “reclutadora” de falsos docentes.
Investigados con amparos promovidos indirectos (No vinculados aún):
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Jaime Noé “N”: Director General de Personal de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas (1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025).
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Eduardo “N”: Subdirector de Control de Pagos de la Dirección General de Personal en la Oficialía Mayor.
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Erick Jonathan “N”: Subdirector de Soporte de Nómina de la Dirección General de Personal de la OM.
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José Ernesto “N”: Elemento de la Secretaría de Seguridad en el año 2021.
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Areli “N”: Subdirectora de Control de Calidad de Procesos de la OM.
Un deceso bajo investigación por homicidio ¡Sabía demasiado!
El expediente de la FGJEM contempla un último e inquietante matiz criminal. Dentro de la red de simulación se encontraba plenamente relacionado el servidor público José Daniel “N”, quien se desempeñaba formalmente en la SECTI con funciones específicas de Enlace ante la Dirección de Remuneraciones al Personal de la Oficialía Mayor.
Sin embargo, el funcionario fue hallado sin vida al interior de su propio domicilio el pasado 2 de abril. Debido a los hallazgos en la escena, la Fiscalía General de Justicia confirmó que las circunstancias de su fallecimiento continúan bajo una rigurosa investigación ministerial sujeta estrictamente al protocolo de homicidio, buscando determinar si el crimen guarda relación directa con el destape del fraude de los “aviadores”.
