A través de su Contraloría Interna, la institución impuso inhabilitaciones, destituciones y multas económicas a 10 personas como parte de su política de cero tolerancia a la corrupción
La Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de México reafirmó su compromiso institucional con la legalidad, el combate a la corrupción y la cero tolerancia ante cualquier conducta que afecte la confianza de la ciudadanía. En ejercicio de sus atribuciones legales, el órgano de control interno aplicó severas sanciones administrativas a diversos servidores y exservidores públicos tras acreditarse su responsabilidad en irregularidades cometidas durante el desempeño de sus funciones.
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El resultado de estas investigaciones derivó en la imposición de amonestaciones públicas y privadas para cuatro personas, así como la inhabilitación de seis personas más para ejercer cualquier cargo en la administración pública. De estas últimas, cinco correspondieron a exservidores públicos que ejercían funciones bajo el cargo de peritos dentro de la institución judicial.
A uno lo inhabilitaron por un año, por cometer acoso sexual
Entre los casos más graves resueltos por la Contraloría se encuentra la destitución e inhabilitación temporal por el periodo de un año de un servidor público, tras comprobarse la comisión de una falta grave clasificada como hostigamiento sexual. Asimismo, un perito fue destituido e inhabilitado también por un año, sumando a su castigo una sanción económica proporcional a la gravedad de su falta, al acreditarse su responsabilidad administrativa en el delito de cohecho.
Con estas acciones, la institución reitera que se rige firmemente por los valores de honradez, lealtad, profesionalismo e integridad. La Contraloría Interna confirmó que continuará con el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión, además de promover activamente una cultura de integridad en el servicio público.
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Finalmente, el Poder Judicial hizo un llamado a la ciudadanía para que participe de manera activa mediante la denuncia de posibles irregularidades, coadyuvando así al desarrollo de una gestión pública más honesta y eficiente.
