El Congreso del Estado de México, como integrante del Constituyente Permanente, aprobó la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio que establezca, al menos, los tipos penales y sus sanciones.
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La minuta fue enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y deriva de una propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En sesión de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, las y los legisladores locales avalaron la reforma al artículo 73 de la Constitución federal.
El dictamen, derivado de la propuesta de la presidenta Sheinbaum, establece en su régimen transitorio que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en un plazo máximo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor.
El documento, leído por la diputada Selina Trujillo Arizmendi, señala que las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de feminicidio seguirán vigentes hasta que entre en vigor la nueva ley general.
La reforma otorga al Congreso de la Unión mayores facultades para legislar en esta materia, con el objetivo de homologar el tipo penal y establecer criterios uniformes en todo el país.
En su intervención, la diputada Selina Trujillo explicó que la reforma permitirá que el feminicidio sea atendido con leyes generales que definan con claridad los tipos penales y sus sanciones, evitando diferencias entre entidades.
Agregó que esto significa que las penas serán congruentes en todo el territorio nacional y que los vacíos legales dejarán de ser un obstáculo para la aplicación de la justicia.
También destacó que se establece un plazo definido para que los congresos locales y el Congreso de la Unión expidan la legislación correspondiente, además de un régimen de transición para armonizar las normas en todas las entidades.
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Por su parte, la diputada Zaira Cedillo Silva señaló que la reforma abre la puerta a una ley general en materia de feminicidio, con el propósito de homologar el tipo penal, establecer protocolos claros y exigir investigaciones con perspectiva de género en todo el país.
