Ana Liza en línea
Por Mariel Álvarez
Y el grito de “No estás sólo” retumba en la antesala de las elecciones
La narconómina de Sinaloa
Lo que comenzó como un rumor de pasillos judiciales en Nueva York se ha convertido en el terremoto político más severo para el gobierno de Claudia Sheinbaum. La solicitud formal de Estados Unidos para extraditar a 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos —encabezados por el, ahora gobernador con licencia, de Sinaloa— no es solo un expediente judicial; es un misil directo a la línea de flotación de la estrategia de seguridad mexicana.
Los Protagonistas: ¿Quiénes son los señalados?
El Departamento de Justicia de EE. UU., a través de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha puesto nombres y apellidos a lo que llaman la “extensión operativa” de Los Chapitos. Entre los 10 imputados destacan:
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Rubén Rocha Moya: El actual gobernador de Sinaloa (ya con licencia), hombre de confianza del movimiento oficialista, acusado de facilitar el tráfico de drogas a cambio de apoyo electoral en 2021.
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Enrique Inzunza Cázarez: Senador y figura clave en la estructura política del estado.
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Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán (quien recientemente solicitó licencia tras conocerse la acusación).
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Cargos de Seguridad: El exprocurador Castro Saavedra, el jefe de la Policía de Investigación y excomandantes municipales (como el identificado como “Juanito”).
El “Modus Operandi”: ¿De qué se les acusa?
Según el expediente revelado esta semana, estos funcionarios no solo recibían sobornos (la famosa “narconómina” que documenta pagos de entre 7,000 y 11,000 dólares mensuales), sino que habrían cruzado líneas rojas irreversibles, actuando como “halcones” de los narcos. Lo sospechabamos, pero ahora ya sabemos porque Sinaloa el gobierno brillaba por su ausencia y el cártel de Sinaloa hacía y deshacía a plena luz del día.
De manera expresa los acusan de:
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Filtración de inteligencia: Alertar sobre operativos de la Marina y la DEA.
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Logística criminal: Ordenar a policías escoltar cargamentos de fentanilo y cocaína.
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Violencia directa: Se acusa a mandos policiales de participar en el secuestro y asesinato de fuentes confidenciales de la DEA en 2023.
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Nombramientos por encargo: Permitir que el Cártel de Sinaloa decidiera quiénes ocuparían los altos mandos de seguridad pública.
El factor Inzunza: ¿Aliado o Caballo de Troya?
Si la acusación contra el gobernador Rocha Moya fue el golpe inicial, la situación del senador Enrique Inzunza Cázarez es la que realmente tiene a Palacio Nacional en vilo. Desde que se hizo pública la “lista roja” de Nueva York el pasado miércoles 29 de abril, el paradero del legislador morenista ha sido un enigma digno de un thriller político.
El “mago” del Senado: Tras pasar lista en el pleno el mismo día que estalló la bomba, Inzunza simplemente se esfumó. Mientras sus compañeros de bancada intentaban articular una defensa basada en la soberanía, el asiento del sinaloense permaneció vacío. Aunque reapareció brevemente en un video grabado desde Badiraguato —su tierra natal y bastión del cártel— asegurando que no pediría licencia, su ausencia física en la Ciudad de México y su silencio en las comisiones permanentes han alimentado todas las sospechas.
¿El nuevo testigo estrella de la DEA? Aquí es donde la información se vuelve crítica. Fuentes cercanas al Departamento de Justicia y diversos reportes periodísticos (como los de Código Magenta y Emeequis) señalan que los abogados de Inzunza ya habrían establecido contacto con Washington. La oferta es de un pragmatismo brutal: testigo protegido a cambio de inmunidad.
¿Qué podría ofrecer Inzunza? Como exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, él era el “arquitecto” operativo del estado. Se dice que tiene en su poder:
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Pruebas de las reuniones entre Los Chapitos y altos funcionarios para acordar la seguridad de las rutas del fentanilo.
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Detalles sobre cómo se financiaron las campañas electorales de 2021 y 2024.
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Nombres de otros legisladores y mandos militares que están en la nómina oculta.
El efecto dominó: Si se confirma que Inzunza ha decidido “voltearse“, el caso dejaría de ser una disputa diplomática para convertirse en una cacería interna. Para el gobierno federal, un senador de su propio partido testificando en una corte estadounidense no solo es un desastre de relaciones públicas; es la confirmación de que el sistema fue infiltrado hasta la médula.
Mientras el alcalde de Culiacán ya se hizo a un lado y Rocha Moya intenta sostenerse con un hilo de legitimidad, Inzunza parece haber entendido que en el sistema judicial de EE. UU., el que llega primero con la información es el que salva el cuello. Si el senador decide hablar, la estructura de poder en Sinaloa no solo caerá, sino que será dinamitada desde adentro.
Golpe a morena en la antesala de las elecciones
Desde el anuncio del Fiscal Federal Jay Clayton el pasado 29 de abril de 2026, el panorama ha escalado rápidamente:
La presidenta Sheinbaum ha adoptado una postura de defensa de la soberanía. Aunque asegura que “no cubrirá a nadie“, cuestiona la validez de las pruebas (basadas en gran parte en listas manuscritas de pagos) calificándolas como simples “hojas de papel“. La Cancillería ya recibió las solicitudes de arresto provisional, pero ha señalado que vienen “sin pruebas adjuntas”, lo que anticipa una larga batalla legal.
Mientras el gobernador Rocha Moya pidió licencia temporal para “defenderse“, el ambiente en Sinaloa es de incertidumbre total. La justicia estadounidense busca penas que van desde los 40 años hasta la cadena perpetua.
El gobierno de EE. UU. está utilizando el mismo expediente con el que se logró la extradición de “El Nini” para presionar al gobierno mexicano. Si México niega las detenciones, violaría el tratado de extradición; si las concede, admitiría que una estructura de gobierno estatal estaba al servicio del fentanilo, cuando Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, niegan rotundamente que en México se produzca fentanilo
En conclusión, estamos ante un escenario donde la justicia de un país intenta juzgar la integridad institucional del otro. Lo que pase en las próximas semanas —si la FGR decide actuar o si el gobierno mexicano se atrinchera en la negativa— definirá no solo el futuro de Sinaloa, sino la relación bilateral con Washington de cara a las próximas elecciones. La pregunta queda en el aire: ¿Es esta una búsqueda de justicia o una herramienta de presión política? Por ahora, la moneda está en el aire y el olor a azufre llega desde Nueva York.
Y para los que todavía no saben quienes son los 10 requeridos por los Estados Unidos, aquí les dejo la lista
Las Figuras Centrales
Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa. Es el principal implicado, acusado de llegar al poder en 2021 con el apoyo de Los Chapitos mediante el secuestro y la intimidación de rivales políticos. Se le imputan cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto calibre.
Enrique Inzunza Cázarez: Senador y exsecretario general de Gobierno. Considerado el “arquitecto” operativo de la administración de Rocha, se encuentra actualmente en el ojo del huracán tras desaparecer del pleno del Senado tras las acusaciones. Recientes reportes sugieren que busca negociar con el gobierno de EE. UU. como testigo protegido.
Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán. Señalado como parte fundamental de la red de protección institucional que permitía la libre operación del Cártel de Sinaloa en la capital del estado.
El Brazo de Seguridad y Finanzas
Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal (o fiscal general adjunto) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez: Exdirectores de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.
José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”): Exsubdirector de la Policía Estatal.
Juan Valenzuela Millán (“Juanito”): Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien enfrenta los cargos más graves por su presunta participación en el secuestro y asesinato de informantes de la DEA.
