El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el propósito de prevenir y sancionar el financiamiento proveniente del crimen organizado en campañas y procesos electorales.
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La iniciativa plantea aumentar las penas para quienes financien, aporten, reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita en beneficio de precandidatos, candidatos, partidos políticos o campañas. También busca fortalecer los mecanismos de verificación del origen de los recursos de campaña y la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera. En los casos en que el financiamiento ilícito provenga de organizaciones vinculadas con delincuencia organizada, las sanciones se incrementarían y se impondría la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por veinte años.
La propuesta incluye la modificación del Artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el INE supervise ingresos y egresos de partidos, precandidatos y candidatos, mediante mecanismos reforzados de verificación y monitoreo de operaciones financieras inusuales. Asimismo, plantea reformar el Artículo 32 para establecer mecanismos permanentes de coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, y otorgar a la Unidad Técnica de Fiscalización la facultad de solicitar información financiera, bancaria y fiscal cuando existan indicios de financiamiento ilícito.
En cuanto a la Ley General de Partidos Políticos, se propone modificar el Artículo 54 para impedir que los partidos reciban aportaciones cuya procedencia no pueda ser plenamente identificada, con sanciones que incluyen la cancelación de candidaturas. Finalmente, la iniciativa contempla reformar el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para incrementar las penas hasta en una mitad más cuando se compruebe financiamiento ilícito en campañas.
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El senador Enrique Vargas señaló que ninguna reforma electoral estará completa si no se atiende la intromisión del crimen organizado en las elecciones y en la competencia política, y subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y sanción para evitar la normalización de estas prácticas en la vida democrática.
