Durante la comparecencia del secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, legisladores de Morena y PVEM destacaron la gestión responsable y transparente del gobierno de Delfina Gómez, el aumento en ingresos propios, la eficiencia tributaria y la continuidad de programas sociales e infraestructura, todo sin recurrir a nueva deuda.
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En contraste, diputados del PRI, PAN, MC y PRD señalaron posibles deficiencias y falta de claridad en el uso de recursos, especialmente en salud e infraestructura. El PT pidió revisar los contratos heredados de administraciones anteriores para asegurar un uso eficiente del presupuesto.
En la sesión especial sobre el Segundo Informe de Gobierno, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (Morena), junto con Armando Navarrete López y Zaira Cedillo Silva, resaltaron que los ingresos propios superaron los 4 mil millones de pesos, lo que permitió financiar programas sociales y obras públicas. Navarrete también mencionó la calificación Triple A en transparencia y preguntó si habrá nuevos estímulos fiscales para empresas emergentes y relocalizadas.
Cedillo subrayó que es posible gobernar con austeridad, sin deuda ni aumento de impuestos, y cuestionó si el presupuesto será suficiente para mantener los Programas del Bienestar, además de pedir detalles sobre medidas anticorrupción en trámites y servicios.
Por el PVEM, Itzel Guadalupe Pérez Correa reconoció el equilibrio financiero y el aumento del 37% en inversión extranjera directa, señalando que esto refleja confianza empresarial y ciudadana. También pidió más información sobre el Plan Integral para la Zona Oriente. Carlos Alberto López Imm solicitó detalles sobre los proyectos ejecutados este año.
Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) criticó los contratos carreteros bajo el esquema PPS heredados, que calificó como problemáticos y usados como “caja chica” por gobiernos anteriores. Propuso convocar al titular de la Junta de Caminos para revisar estos contratos y, si procede, iniciar su revocación y establecer responsabilidades.
Lilia Urbina Salazar (PRI) pidió aclarar el aumento de más del 700% en utilidades por inversiones en créditos y valores, cuánto se ha recaudado y cómo se han usado esos recursos. También preguntó cómo se busca reducir la dependencia de fondos federales, incentivar la recaudación municipal y cuántos municipios han solicitado créditos.
Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) lamentó el bajo aprovechamiento de recursos en salud, infraestructura e insumos básicos, y preguntó por el impacto de las medidas arancelarias de EE. UU. en el estado.
Juan Manuel Zepeda Hernández (MC) expresó que su bancada está abierta a considerar un crédito, siempre que sea transparente y se destine a resolver problemas como daños en vialidades, drenaje y agua potable. Sobre los PPS, dijo que están dispuestos a legislar y presentar denuncias si se confirma daño al patrimonio público.
Araceli Casasola Salazar (PRD) cuestionó la reducción de más del 50% en el presupuesto de salud para 2025 respecto a 2024, y pidió conocer las principales presiones de gasto y cómo se planea atenderlas.
En respuesta, el secretario Flores aseguró que no habrá subejercicios al cierre del año y reconoció los retos en la transición al sistema IMSS-Bienestar, debido a la reducción de 7 mil millones de pesos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Informó que la deuda estatal asciende a 62 mil millones de pesos, pero el pago anual bajará de 7,199 a 4,340 millones, liberando 2,859 millones para proyectos sociales. Sobre los PPS y el programa Caminos del Sur, indicó que hay una asignación de 5,846 millones, con sanciones previstas en caso de incumplimiento.
El Plan Integral para la Zona Oriente contempla una inversión de 75,776 millones, distribuidos en 121 acciones para mejorar movilidad, vivienda, educación, salud e infraestructura social.
También anunció tres nuevos estímulos fiscales: subsidios por un año al cine no comercial y a empresas deportivas, y por dos años a maquilas de exportación. En cuanto al ISSEMyM, garantizó la continuidad del servicio médico, reformas estructurales y un nuevo modelo de aportaciones solidarias y progresivas.
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Finalmente, reconoció presiones de gasto por 23 mil millones en salud y efectos derivados de los aranceles estadounidenses, además de avances en la mejora de la red carretera estatal.
