Diputada Leticia Mejía presentó un exhorto dirigido al CEDIPIEM y al INPI para homologar listas de pueblos originarios
En el marco del 97 aniversario de su fundación, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso mexiquense reafirmó su agenda social mediante la presentación de dos iniciativas estratégicas diseñadas para combatir la marginación en las zonas rurales. Las propuestas, centradas en el derecho a la vivienda digna y la regularización de padrones oficiales, buscan saldar una deuda histórica con los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas que residen en la entidad, enfocándose en la justicia social y la equidad administrativa. Las iniciativas corren a cargo de la legisladora Leticia Mejía y Eduardo Zarzosa.
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Urgencia de vivienda digna frente al rezago social
El diputado Eduardo Zarzosa expuso un panorama crítico sobre las condiciones de vida de los hablantes de lenguas indígenas en el Estado de México. Con base en datos de la COESPO, el legislador señaló que de las más de 417 mil personas que integran este sector poblacional indígena, casi el 70 por ciento enfrenta condiciones de pobreza o pobreza extrema. Esta precariedad se manifiesta de forma alarmante en la infraestructura habitacional, donde imperan materiales frágiles, hacinamiento y una carencia generalizada de servicios básicos.
Ante esta realidad, la iniciativa presentada propone reformas legales para garantizar que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan un acceso equitativo a esquemas de vivienda. El proyecto legislativo plantea la incorporación de criterios de inclusión que faciliten la obtención de subsidios, créditos y financiamientos específicos. Un aspecto fundamental de la propuesta es que estas soluciones habitacionales no solo sean funcionales, sino que respeten el entorno cultural y geográfico de cada comunidad, permitiendo la construcción o ampliación de hogares bajo un modelo de dignidad y pertenencia.
Homologación de padrones para garantizar programas sociales
Por su parte, la diputada Lety Mejía centró la atención en una discrepancia administrativa que actualmente bloquea el flujo de apoyos hacia miles de mexiquenses de los pueblos indígenas. La legisladora presentó un exhorto dirigido al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con el objetivo de unificar sus listados oficiales. Actualmente, existe una brecha significativa entre las 647 comunidades reconocidas a nivel federal por el INPI y las 840 que el organismo estatal tiene registradas.
Esta diferencia de casi 200 comunidades genera un vacío institucional que impide a miles de ciudadanos acceder a los programas sociales y beneficios económicos gestionados por el Gobierno Federal. La diputada subrayó que la falta de coordinación técnica entre ambos niveles de gobierno se traduce en una exclusión injustificada de personas que, a pesar de su identidad y necesidades, quedan fuera del radar de las políticas públicas nacionales.
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Compromiso con la justicia igualitaria y la visibilización
Los legisladores de la fracción tricolor coincidieron en que la defensa de las causas indígenas constituye un pilar fundamental de su identidad política. Al presentar estas acciones, enfatizaron que el objetivo final es transitar de un reconocimiento retórico a una justicia igualitaria palpable en la vida cotidiana de las familias. La estrategia parlamentaria busca que la visibilización de estos grupos no sea meramente simbólica, sino que se traduzca en leyes que obliguen a las instituciones a garantizar una vida mejor, con acceso pleno a derechos básicos y una integración real al desarrollo estatal.
