Mafia incólume, vende plazas desde el interior del Gobierno del Edomex

Subsecretarios de la Secretaría de Gobierno atemorizan a las víctimas con amenazas de muerte; denuncias no avanzan

*Hablan en nombre de la misma gobernadora Delfina Gómez y del secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; los denunciados siguen en funciones

Lo que comenzó como una esperanza de empleo bajo la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se ha transformado en una pesadilla de deudas, fraude y amenazas de muerte para al menos 250 ciudadanos. Una red de corrupción operada desde el corazón de la Secretaría General de Gobierno ha sido expuesta, señalando directamente a altos funcionarios de utilizar datos personales para extorsionar a aspirantes a servidores públicos.

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El modus operandi revela una vulneración sistemática de la privacidad. Las víctimas, tras entregar sus currículums de buena fe para ocupar vacantes en la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno, vieron cómo su información personal (dirección, correos y teléfonos) terminaba en manos de una red de tráfico de influencias.

Los afectados fueron contactados haciéndoles creer que eran “los elegidos” para ocupar dichas plaza y los integraron en un grupo de WhatsApp donde se les enviaban videos con supuestas “ofertas oficiales“. En estos materiales, los captadores utilizaban el nombre de la gobernadora para dar legitimidad al fraude:

“Por aprobación de la gobernadora se les va a entregar una computadora y un bono para los útiles escolares…”

Prometían en los clips, antes de solicitar cuotas que oscilaban entre los 25 mil y los 100 mil pesos a cambio de asegurar un puesto por los próximos tres años.

Los rostros del fraude: Funcionarios bajo la lupa

Pese a las múltiples denuncias, los señalados continúan en funciones, operando bajo el amparo de sus cargos públicos. Entre los nombres que figuran en las carpetas de investigación se encuentran:

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Fernando Garfias, adscrito a la Secretaría General de Gobierno bajo las órdenes de Evelyn Itzel.

La red no solo se limitaba al cobro de dinero; según los denunciantes, los implicados tejieron un entramado institucional entre la Secretaría de Gobierno y la de Educación para dar apariencia de legalidad a los trámites antes de consumar el desfalco.

Cuando descubrieron que se trataba de un fraude y que, pese a haer entregado el dinero por la compra de la plaza, ésta nunca se les daría; el objetivo era sólo despojarlos de su dinero. Las víctimas no se quedaría con las manos cruzadas, comenzaron una serie de movilizaciones denunciado públicamente los hechos y esperando contar con el apoyo de los gobernantes Horacio Duarte y Delfina Gómez, pero esto nunca ha sucedido.

Posteriormente se iniciaron varias denuncias ante la Fiscalía Ganeral de Justicia por fraude, pero, estas tampoco han procedido y los señalados siguen laborando sin menoscabo de sus funciones como servidores públicos al servicio de la Secretaría de Gobernación.

Pero estos funcionarios tampoco se quedaron con las manos cruzadas y procedieron al paso de las amenazas y el miedo para que no les quiten su negocito.

“Voy por tu familia”: El terror como mecanismo de silencio

Lo que separa este caso de un fraude administrativo común es el nivel de violencia verbal y las amenazas directas documentadas por las víctimas. Tras percatarse del engaño y comenzar a reclamar, el tono de los funcionarios pasó de la “gestión” a la agresión criminal.

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En una grabación en poder de los afectados, se escucha presuntamente a Jorge Casasola amenazando de muerte a una de las víctimas tras ser descubierto:

“No saben lo que acaban de hacer… voy por tu familia, güey… [soy] subsecretario y voy por tu familia ahorita… desapárecete, tienes tres minutos para desaparecer, se escucha en el audio. El funcionario, con total impunidad, llega a mencionar el reciente fallecimiento del padre de la víctima para amedrentarla: “Se acaba de morir tu papá hace unos días… ¿sabes qué voy a hacer? A tu mamá también…”

Justicia estancada y omisión oficial

Aseguran que, a pesar de que el Secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, ya tiene conocimiento formal de estos hechos y de que existen denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el proceso parece estar congelado.

Hoy, las 250 víctimas se encuentran en un estado de vulnerabilidad absoluta: sin el dinero que entregaron, sin el empleo prometido y, lo más grave, bajo el asedio de funcionarios que utilizan sus datos personales y el aparato estatal para localizar y aterrorizar a sus familias.

“Estamos desprotegidos. Ellos tienen nuestros domicilios, saben quiénes somos y siguen despachando desde sus oficinas como si nada hubiera pasado, sentenció uno de los afectados, quien exige la destitución inmediata y la protección de la justicia.

Jorge Casasola, un caso aparte

El caso de Jorge Casasola merece una mención aprte, pues tiene denuncias de corrupción de venta de plazas desde que estaba de funcionario en el otrora triste gobierno municipal de Capulhuac con Eduardo Nery, en este momento era perredista y vendía las plazas del ayuntamiento desde 5 mil pesos, apenas empezaba el negocito; pero también se le señala de hacer lo mismo cuando tra bajaba en comitpe municipal del PRI en Toluca y Metepec.

También hay antecedentes que ya su negocio era próspero al trabajar en la administración de Eruviel Ávila Villegas, según nos hacen llegar capturas de las quejas que ya circulaban en redes sociales; y ya para cerrar, la venta de plazas a través del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) en donde insistía en hablar en nombre de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

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