El Congreso del Estado de México aprobó expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), que actualizará los modelos de representación y elección de autoridades, eliminará progresivamente los cobros de cuotas y creará un Sistema de Ética y Justicia Universitaria. La nueva legislación abroga la ley vigente desde 1992.
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El dictamen integró iniciativas de los diputados Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, ambos de Morena; de la bancada de MC, coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández; y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya propuesta retomó un planteamiento de la propia universidad, surgido de una consulta interna a estudiantes y a personal académico y administrativo.
En la sesión de la LXII Legislatura, presidida por el diputado Vladimir Hernández Villegas (Morena), presidente de la Directiva, se aprobó el documento que también establece un Órgano Electoral Universitario, un régimen disciplinario y de responsabilidad universitaria y un sistema de bienestar y cuidado universitario. Hernández Villegas afirmó que con la reforma inicia la transformación de la UAEMEX.
Al leer el dictamen, la diputada Brenda Colette Miranda Vargas (Morena) señaló que después de más de tres décadas se expide una nueva ley para la universidad, acorde con los retos y necesidades de su comunidad. Indicó que la propuesta surgió de una consulta en la que participaron estudiantes y personal académico y administrativo, que el Consejo Universitario la aprobó por unanimidad y que se presentó ante el Pleno con respeto a la autonomía universitaria.
Octavio Martínez indicó que, tras 34 años de vigencia de la legislación anterior, se impulsó la renovación del marco normativo, que contempla la gratuidad progresiva, la democratización de la institución, la ampliación del Consejo Universitario, su vinculación con los sectores público y privado y con la sociedad, y una consulta cada 10 años para actualizar sus disposiciones.
Ante la rectora de la UAEMEX, Martha Patricia Zarza Delgado, Gerardo Pliego afirmó que la reforma da la oportunidad de fortalecer una institución que forme profesionistas, produzca conocimiento, impulse la movilidad social y contribuya a construir ciudadanía.
La diputada Paola Jiménez Hernández (Morena) reconoció el reto de ampliar la matrícula universitaria y planteó que la nueva integración del Consejo Universitario debe traducirse en una transición democrática. Destacó también el fortalecimiento de la capacidad de autogobierno, los mecanismos internos de responsabilidad, la participación en las decisiones institucionales y la actualización de los objetivos de la universidad.
Elección de la rectoría
De acuerdo con el dictamen, la persona titular de la rectoría será elegida para un periodo ordinario por mayoría de votos, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada integrante de la comunidad universitaria. Los votos se contabilizarán por sector (alumnado, personal académico y personal administrativo), conforme a la ponderación establecida en el Estatuto Universitario.
El Consejo Universitario otorgará el nombramiento con base en el informe de resultados que presente el Órgano Electoral Universitario. Las personas directoras de los espacios académicos se elegirán de la misma manera.
Quien aspire a la rectoría deberá demostrar que no ha recibido sanciones por responsabilidad universitaria, disciplinaria o administrativa; que no ha sido condenada, mediante sentencia firme, por un delito doloso que amerite pena privativa de la libertad; que no está inhabilitada para el servicio público ni inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Además, deberá presentar una propuesta de plan de trabajo universitario. Los mismos requisitos aplicarán a quienes aspiren a dirigir los espacios académicos.
La ley también prevé los supuestos de remoción y destitución de la persona titular de la rectoría, las ausencias o licencias, la elección o designación de la persona rectora sustituta y el nombramiento de una persona encargada.
Consejo Universitario
La ley establece que la integración del Consejo Universitario, autoridad de la institución, deberá garantizar la paridad en la representación del alumnado y del personal académico. Lo conformarán la persona titular de la rectoría; las personas directoras de facultades, centros universitarios, preparatorias, escuelas, unidades académicas profesionales e institutos; representantes de la asociación sindical del personal académico y administrativo titular del contrato colectivo; y una persona representante del personal académico y dos del alumnado por cada espacio académico.
Con esa distribución, el Consejo tendrá 223 personas consejeras, elegidas por mayoría de votos mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada integrante del sector correspondiente.
Entre sus atribuciones estará diseñar e implementar políticas y acciones para la gratuidad progresiva y procurar la sostenibilidad financiera de la universidad.
Gratuidad
La ley prevé la eliminación progresiva de los cobros por inscripción y reinscripción, conforme a la Ley General de Educación Superior. Para ello, la UAEMEX deberá aprobar y publicar, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, un plan de acción anual para avanzar gradualmente hacia la gratuidad, sin afectar el cumplimiento de sus fines ni poner en riesgo sus finanzas.
El plan contendrá diagnóstico financiero, metas anuales de disminución de cobros, fuentes de financiamiento y mecanismos de seguimiento. La rectoría gestionará los recursos ante las autoridades competentes y presentará cada año un informe de resultados y, en su caso, la justificación de las limitaciones. La reducción de los cobros no podrá compensarse con conceptos equivalentes que desvirtúen la gratuidad.
Además, en un plazo no mayor a 365 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la ley, la universidad expedirá un programa de accesibilidad física y digital y una estrategia universitaria de gobierno digital. Ambos instrumentos deberán incorporar una perspectiva de derechos humanos e inclusión.
Ética, justicia y régimen disciplinario
El Sistema de Ética y Justicia Universitaria tendrá como funciones prevenir, conocer, resolver y sancionar las faltas a la responsabilidad universitaria y las faltas disciplinarias cometidas por integrantes de la comunidad universitaria, bajo un marco de ética, mediación, conciliación y justicia restaurativa. Contará con independencia en su actuación.
El sistema empleará la mediación y la conciliación como mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre que la naturaleza de las conductas, la legislación aplicable y la protección de los derechos de las personas involucradas lo permitan.
El régimen disciplinario y de responsabilidades aplicará al alumnado, al personal académico y administrativo, y a quienes integran los órganos de gobierno de la universidad y el Órgano Electoral Universitario. No aplicará cuando las conductas constituyan faltas de responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; en esos casos se atenderá a lo previsto en esa ley y en las disposiciones aplicables.
Órgano Electoral y vinculación
El Órgano Electoral Universitario tendrá a su cargo la organización, conducción, vigilancia y validación de la legalidad del proceso electoral para elegir a la persona titular de la rectoría, a las personas titulares de las direcciones de los espacios académicos y a las personas consejeras. También podrá encargarse de cualquier otro proceso de elección que determine el Consejo.
Entre las atribuciones de la universidad estará establecer convenios de colaboración con los sectores público, social y privado para impulsar la vinculación laboral de sus egresadas y egresados, facilitar su inserción profesional y promover prácticas profesionales, servicio social y programas de empleabilidad.
A través de la vinculación social y la extensión, la universidad pondrá al alcance de la sociedad su conocimiento, ciencia, humanismo, artes, cultura, innovación, deporte y capacidades, así como la prestación de servicios, mediante alianzas con los sectores público, privado y social, nacionales e internacionales. El objetivo es atender problemáticas sociales y fortalecer el desarrollo local, regional y nacional, conforme a los principios de responsabilidad social universitaria.
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Bienestar y transición
El sistema de bienestar contempla la promoción de la salud física y mental; la seguridad y protección ante riesgos y violencias; el fomento de la cultura física y el deporte; la alimentación saludable; la disponibilidad de espacios universitarios accesibles; el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad; y la promoción de una convivencia inclusiva y libre de violencias.
Con la aprobación de la ley se establece un proceso de transición para garantizar la continuidad de las autoridades universitarias, avanzar hacia la gratuidad de los servicios educativos, expedir el nuevo Estatuto Universitario e implementar de forma gradual los sistemas, programas y servicios previstos, conforme a la disponibilidad presupuestal de la institución.
