El Congreso del Estado de México analizará dos iniciativas para expedir una Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). La diputada Brenda Colette Miranda Vargas, de Morena, presentó la de la gobernadora durante una sesión de la LXII Legislatura. El Consejo Universitario la aprobó el 17 de julio, luego de una consulta a estudiantes, personal académico y personal administrativo.
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De acuerdo con la exposición de motivos, el documento reproduce los términos aprobados por la UAEMéx, sin modificaciones del Ejecutivo. Propone actualizar los modelos de representación y de elección de autoridades, eliminar progresivamente los cobros y crear un Sistema de Ética y Justicia Universitaria.
Según el proyecto, la persona titular de la rectoría sería elegida por mayoría de votos para un periodo ordinario, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada integrante de la comunidad universitaria. Los votos se contarían por sector (alumnado, personal académico y personal administrativo), conforme a la ponderación que fije el Estatuto Universitario. El Consejo Universitario otorgaría el nombramiento con base en el informe del Órgano Electoral Universitario, que tendría autonomía técnica, operativa y de gestión. La ley vigente, de 1992, establece que el Consejo elige a la persona rectora tras consultar a la comunidad mediante procesos de auscultación cualitativa y cuantitativa.
Los mismos criterios se aplicarían a la elección de quienes dirigen los espacios académicos y de las personas consejeras. Además, los centros universitarios y las unidades académicas profesionales tendrían representación con voz y voto en el Consejo Universitario, que actualmente solo incluye a planteles de la escuela preparatoria, facultades e institutos. El Consejo se integraría bajo el principio de paridad, es decir, con igual número de integrantes del alumnado y del personal académico, y tendría atribuciones sobre el uso de recursos propios, la rendición de cuentas y el otorgamiento de reconocimientos y estímulos.
La eliminación de los cobros por inscripción y reinscripción se haría conforme a la Ley General de Educación Superior. La UAEMéx elaboraría un plan de acción para la transición hacia la gratuidad, sin afectar el cumplimiento de sus fines ni poner en riesgo sus finanzas. El Sistema de Ética y Justicia Universitaria actuaría con independencia para prevenir, resolver y sancionar faltas a la responsabilidad universitaria y faltas disciplinarias, mediante mediación, conciliación y justicia restaurativa.
La propuesta también establece que el uso de la inteligencia artificial en actividades académicas, administrativas y de investigación sería responsabilidad de quien la utilice, y que no podría reemplazar el trabajo personal, el razonamiento crítico ni las capacidades cognitivas. Incluye, como eje transversal, el bienestar y cuidado universitario, que abarca la salud física y mental, la seguridad, el deporte y la convivencia libre de violencias. Para ser persona rectora se añadirían los requisitos de no tener sanciones universitarias, disciplinarias o administrativas; no contar con condena firme por delito doloso con pena de prisión; no estar inhabilitada para el servicio público; no estar inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y presentar un plan de trabajo. Los mismos requisitos aplicarían a quienes dirijan espacios académicos.
De aprobarse, el Congreso deberá realizar las adecuaciones presupuestales y considerar los recursos en el presupuesto universitario del Ejercicio Fiscal 2027, con implementación progresiva. El Consejo Universitario tendría 365 días, contados desde la entrada en vigor del decreto, para expedir el Estatuto Universitario. Quienes ocupan cargos de rectoría, direcciones y consejerías continuarían en ellos hasta terminar su periodo.
Por su parte, la iniciativa del diputado Octavio Martínez plantea la elección universal, libre, secreta y directa de las autoridades universitarias, regida por los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, equidad, independencia, objetividad, máxima publicidad y paridad de género. Propone el voto ponderado: el sufragio del sector estudiantil valdría el doble que el del personal académico o administrativo. También amplía la representación estudiantil y académica en el Consejo Universitario, plantea eliminar progresivamente cuotas y cobros escolares, establece la alternancia de género en la rectoría y las direcciones, promueve el presupuesto participativo e incorpora un catálogo de derechos universitarios. Prohíbe la discriminación, faculta al Consejo para ordenar auditorías internas y externas, considera faltas graves el acoso sexual, el hostigamiento, la violencia de género, la corrupción y el conflicto de interés, y contempla un proceso de descentralización.
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Esa iniciativa incluye una reforma a la Constitución estatal para establecer que la UAEMéx tiene la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma, conforme a los principios de democracia, humanismo, legalidad, equidad de género, inclusión, justicia social, respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas. También propone reformar la Ley de Educación estatal para que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas de las universidades autónomas cuente con una consulta previa, libre e informada a su comunidad y con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado. Los procesos legislativos sobre esas leyes no podrán menoscabar la facultad de las instituciones para gobernarse, determinar sus planes y programas, fijar las condiciones de su personal académico y administrar su patrimonio.
Durante la sesión, Octavio Martínez reconoció el trabajo de los gobiernos federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y estatal, a cargo de Delfina Gómez Álvarez, para localizar personas desaparecidas. Expresó su solidaridad con los colectivos de madres y familiares buscadores, quienes mantienen un bloqueo en la autopista México-Toluca para exigir que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dé seguimiento a las carpetas de investigación.
