Toluca, Estado de México.– El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) habilitó el registro para los abogados que deseen incorporarse al padrón de la Alianza Pro Bono, que busca establecer una red de colaboración para ofrecer defensa legal gratuita a grupos en situación de vulnerabilidad, así como a comunidades y organizaciones sin recursos económicos.
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Para participar, los interesados deberán contar con cédula profesional vigente e ingresar a la plataforma electrónica del PJEdomex, donde registrarán sus datos. Una vez aceptado el registro, deberán adjuntar la Carta Compromiso firmada y generar un usuario. Con ese usuario podrán ingresar a la plataforma para dar de alta los asuntos. Durante el proceso encontrarán una guía rápida para la captura de su información. La Coordinación de Relaciones Intergubernamentales del Tribunal Superior de Justicia será el área de enlace para la operación del programa.
Los servicios legales que brinden los abogados inscritos se otorgarán bajo su responsabilidad técnica, ética y profesional. El PJEdomex actúa únicamente como facilitador de vinculación institucional, no interviene en la relación jurídica entre el abogado y el beneficiario, ni asume responsabilidad por la gestión, las actuaciones, las omisiones o los resultados de los asuntos atendidos.
El Estado de México recibe el 10 por ciento de los asuntos de defensoría pública del ámbito estatal a nivel nacional y concentra el 24 por ciento de las causas penales ingresadas a los juzgados estatales de juicio oral. Con la participación de los abogados postulantes, el Poder Judicial busca ampliar la capacidad de atención y que los profesionistas cumplan con una labor social inherente a la profesión.
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La estrategia institucional, presentada en agosto de este año, tiene como propósito reducir la brecha legal con perspectiva de derechos humanos y facilitar el litigio estratégico en temas de interés público, discriminación y equidad de género. Se rige por los principios de dignidad y equidad profesional, gratuidad estricta y sin condiciones, confidencialidad y secreto profesional, prevención del conflicto de interés, diligencia y continuidad, y responsabilidad social comunitaria.
