La diputada Lety Mejía pidió analizar con rigor los datos oficiales, ampliar los apoyos sociales y aclarar la apertura de la nueva sede de Ciudad Mujeres en Huehuetoca
TOLUCA, Estado de México — Durante la comparecencia de la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, el Grupo Parlamentario del PRI en la Legislatura mexiquense advirtió que las cifras sobre feminicidios presentadas por el Gobierno del Estado de México deben evaluarse con cautela, responsabilidad y rigor metodológico, ya que detrás de cada caso hay una vida arrebatada y una familia con una pérdida irreparable.
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A nombre de la bancada priista, la diputada Lety Mejía demandó contrastar los reportes oficiales con las cifras generales de muertes violentas de mujeres. Señaló que este análisis es fundamental para determinar si realmente existe una baja en los índices de violencia y si las instituciones reaccionan de manera oportuna para prevenir agresiones.
La legisladora cuestionó la efectividad de los mecanismos de prevención y de las medidas de protección destinadas a resguardar a las víctimas. En este sentido, remarcó que el objetivo central de las autoridades no debe limitarse al ajuste de estadísticas, sino a garantizar un entorno seguro donde ninguna mujer continúe siendo víctima de violencia feminicida.
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Respecto a la política social, el grupo parlamentario solicitó transparentar las estrategias encaminadas a erradicar la pobreza entre las mexiquenses. Aunque reconoció la continuidad de programas de apoyo a las mujeres que han dado resultados con el paso del tiempo, instó a fortalecer el alcance de estos esquemas en las zonas de mayor vulnerabilidad y a complementar la entrega de recursos con medidas de fondo que atiendan las causas de la marginación.
Finalmente, Lety Mejía pidió aclarar la fecha de inicio de operaciones de la cuarta sede de Ciudad Mujeres y fundamentar la decisión de ubicarla en el municipio de Huehuetoca en lugar de una localidad con Alerta de Violencia de Género. Asimismo, demandó la implementación de protocolos internos dentro de la propia Secretaría para prevenir e investigar casos de acoso laboral, abuso de autoridad y violencia institucional.
