Ana Liza en Línea
9 de cada 10 delitos no se denuncian; así la baja incidencia delictiva que presume
Cuando la frustración juvenil se convierte en tragedia nacional
Llegamos al ecuador del sexenio en el Estado de México y la narrativa oficial desplegada durante la entrega del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez pretende vendernos una entidad en bonanza, donde la austeridad y la dispersión de programas sociales bastan para decretar que “vamos bien“. Sin embargo, al desmenuzar el discurso y contrastarlo con la realidad social e institucional de los 125 municipios, la pirotecnia mediática se desmorona ante los silencios de la administración mexiquense.
Detrás de la retórica asistencialista —que se enorgullece de convertir la ayuda social en el eje central de la política pública— existe una alarmante ausencia de visión integral. Se presumen avances presupuestales, pero se calla el impacto estructural que estos programas generan en la autosuficiencia económica de las familias. La “transformación” se ha especializado en la entrega de apoyos, descuidando la creación de infraestructura productiva y la consolidación de un entorno óptimo para la inversión.
El renglón más sombrío, sin duda, sigue siendo la seguridad pública. Mientras la narrativa gubernamental celebra con bombo y platillo “disminución” de la incidencia delictiva, se omite de forma deliberada que, respecto a las cifras recibidas al cierre de la administración saliente del PRI, por lo menos seis delitos del fuero común y de alto impacto han registrado repuntes:y así lo desmenuzó la líder del PRI Edomex, Cristina Ruíz, quien dcumentó que la extorsión (que azota a comercios y transportistas), el robo a transeúnte con violencia, el robo en transporte público, el homicidio doloso, los delitos contra la libertad sexual y el feminicidio. Decir que se celebran mesas de paz a diario no equivale a devolver la tranquilidad a las calles ni a frenar el avance de la delincuencia.
Pero el maquillaje oficial no acaba en los discursos, sino en los ministerios públicos. Diversas denuncias ciudadanas y testimonios señalan que una de las consignas no escritas operadas en las Agencias del Ministerio Público es persuadir, dilatar o desincentivar a las víctimas para evitar formalizar las denuncias a toda costa, manteniendo así “bajas” las estadísticas oficiales.
9 de cada 10 delitos no se denuncian; así la baja incidencia delictiva
Esta manipulación institucional encuentra respaldo en los datos fríos del INEGI: de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la cifra negra en el Estado de México alcanza un demoledor 93.2 % a 94.8 %. Es decir, más de 9 de cada 10 delitos cometidos jamás se denuncian o no dan origen a una carpeta de investigación. La razón de este abrumador subregistro no es la falta de afectación, sino la burocracia sofocante, el desinterés de la autoridad y, peor aún, el temor real a las amenazas del crimen organizado que obligan a las víctimas y a sus familias a guardar silencio.
Otro punto minimizado es el colapso en la red carretera y la infraestructura vial. Prometer programas de bacheo al arranque de la segunda mitad del mandato es reconocer tres años de abandono en la conectividad básica.
En el sector salud y de servicios públicos, la escasez de medicamentos en centros comunitarios contrasta con el discurso oficial, mientras la crisis hídrica se ataca con paliativos ante redes de distribución severamente deterioradas.
El argumento de la “herencia recibida” ha caducado por completo. A tres años de gestión, la ciudadanía exige cuentas claras, no autoevaluaciones complacientes. El Estado de México requiere un rumbo firme que no se limite a la contabilidad del asistencialismo, sino que garantice paz, salud, infraestructura digna y un verdadero Estado de Derecho.
Pregunta:
¿Tú te sientes más seguro, tienes mejores vialidades y servicios públicos y sistema de salud como el de Dinamarca?
Cuando la frustración juvenil se convierte en tragedia nacional
Caso Torreón enciende las alertas…otra vez
Hoy el país despertó sacudido por una serie de episodios violentos en planteles educativos que no pueden catalogarse como meros hechos aislados, sino como un síntoma de una fractura social y emocional profunda. Las escuelas, históricamente concebidas como refugios de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal, se han transformado en escenarios de agresiones que dejan al descubierto un alarmante desasosiego entre la juventud.
En Torreón, Coahuila, la tragedia irrumpió en la Escuela Secundaria General Número 13, donde la subdirectora del plantel fue asesinada y tres personas más resultaron heridas tras un ataque perpetrado con armas blancas y explosivos caseros por dos jóvenes hermanos de 18 años conocidos como “Los cuates”.
Afortunadamente fueron detenidos, más tarde se supo que eran exalumnos y pertenecían al movimiento misógino y violento de redes sociales INCEL, que, en sus inicios nació como un espacio para personas que sentían soledad o dificultad para formar parejas románticas/sexuales. Con el tiempo, varios de estos foros en la manosphere derivaron en una subcultura digital con discursos de rabia, frustración y rechazo hacia las mujeres y el feminismo.
Casi de manera simultánea, ese mismo día, en la Escuela Secundaria General “Esperanza Cabrera” de Querétaro, un menor de edad de 13 años, armado con dos cuchillos atacó a cuatro personas dentro de las instalaciones. Trascendió también, aunque no se oficializó, que la violenta acción respondió a reto de redes sociales.
A estos hechos se suma la indignación en Cuernavaca, Morelos, donde la comunidad universitaria de la UAEM exige justicia tras el reciente homicidio a balazos de estudiantes de preparatoria a las afueras de sus planteles.
Al analizar la raíz de estos acontecimientos, el problema rebasa con frecuencia la sola portación de armas; reside en el vacío de contención emocional y la pérdida de valores fundamentales. Diversos estudios en psicología social señalan que un sector de adolescentes y jóvenes atraviesa estados de frustración, aislamiento y resentimiento contra las instituciones y el entorno social. Cuando esta carga emocional carece de acompañamiento, orientación y canales de comunicación adecuados, el enojo suele canalizarse erróneamente hacia objetivos vulnerables, afectando a personas inocentes que forman parte de su vida cotidiana.
La desensibilización ante la violencia, la sobreexposición a contenidos que normalizan el conflicto y la falta de vínculos afectivos sólidos han debilitado la empatía y el sentido de responsabilidad individual. El enojo reprimido encuentra en las aulas un escaparate para proyectar el descontento, dejando en evidencia la urgencia de fortalecer los esquemas de salud mental, la prevención del acoso escolar y la formación axiológica en los entornos familiar y educativo.
Garantizar la seguridad en los centros escolares requiere ir más allá de la presencia policial en los accesos. Resulta indispensable reconstruir el tejido social desde el seno familiar y las aulas, promoviendo espacios donde la juventud aprenda a gestionar la frustración, resolver diferencias mediante el diálogo y valorar la integridad del prójimo. La tranquilidad en la comunidad escolar solo será sostenible cuando se atiendan las causas emocionales y sociales de este fenómeno.
Panorama general del fenómeno en 2026
De acuerdo con análisis en materia de seguridad e indicadores sobre violencia escolar en México, el año 2026 registra una tendencia al alza en incidentes relacionados con armas (fuego y cortopunzantes) en escuelas de nivel básico y medio superior. En los primeros nueve meses del año, diversos organismos e investigadores contabilizaron decenas de eventos a nivel nacional (que van desde decomiso de armas e intimidaciones hasta agresiones consumadas), superando los registros de años anteriores en entidades como Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán y Guerrero.
Entre los eventos más relevantes sucedidos en este año, podemos mencionar el caso de Lázaro Cárdenas, Michoacán (24 de marzo de 2026) en el que un estudiante de preparatoria de 15 años ingresó al Instituto Educativo Antón Makárenko portando un rifle de asalto AR-15.
Al intentar impedirle el paso, el agresor disparó contra personal docente, provocando la muerte de dos maestras de la institución. El atacante fue reducido por trabajadores y alumnos de la escuela antes de ser entregado a las autoridades. También era del movimiento INCEL.
Otro caso sucedió en Acapulco, Guerrero en donde hubo un ataque con arma de fuego registrado en las inmediaciones/instalaciones de un plantel de Bachilleres el cual dejó un saldo de dos personas fallecidas y un herido.
Aquí, en el Estado de México se registraron múltiples alertas y agresiones en diversos municipios como Lerma, Coacalco y Naucalpan de abril a septiembre de 2026 en los que se se documentó desde la portación de armas blancas para agredir a docentes en aulas de nivel medio superior, hasta operativos de desalojo masivo por amagos y mensajes de tiroteos dejados dentro de los baños de los planteles.
Es hora de que se tomen las medidas pertinentes porque antes estos casos que causaban terror se veían en escuelas de estados Unidos y uno que otro en otros países; ahora ya están aquí, en México y es un constante miedo de los padres que, dejan a sus hijos en las aulas presumiendo que “están seguros”.
Hasta aquí mi colaboración; los leo en mariroma34@yahoo.com.mx
