La familia de la pequeña Y.M.A.F. lleva más de siete años en una tortuosa búsqueda de la verdad; pese a las recomendaciones de la CODHEM y la evidencia de graves violaciones a la dignidad póstuma, las autoridades no han respondido sobre el paradero de los órganos ni han concretado la reparación del daño
TOLUCA, Estado de México. Lo que comenzó como una atención médica por un dolor abdominal terminó en una pesadilla que expone la impunidad, el cinismo y la insensibilidad en el sistema de salud mexiquense. La familia de la menor identificada con las iniciales Y.M.A.F., quien falleció en abril de 2019 a los 12 años y siete meses de edad en el Hospital para el Niño de Toluca, suma más de siete años clamando justicia ante un hecho dantesco: el nosocomio entregó el cuerpo de la niña completamente eviscerado, sin órganos y sin lengua, amparándose en engaños y falsos procedimientos médicos.
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La mañana de este lunes, en conferencia de prensa, Maximino Ayllón Castaño y María del Rosario Flores, padres de la menor alzaron una vez más la voz para denunciar que las autoridades mexiquenses ya se han olvidado del caso y no dan respuesta alguna.
El calvario inició el 9 de abril de 2019, cuando la menor ingresó al nosocomio ubicado en la capital mexiquense debido a un malestar abdominal. Tras una laparotomía exploratoria realizada al día siguiente, fue dada de alta el 14 de abril; sin embargo, su estado de salud reincidió drásticamente, reingresando el 17 de abril, día en que perdió la vida.
El engaño y el macabro descubrimiento
Aquel trágico día, el personal médico hizo creer a los padres que autorizaban únicamente un estudio de patología de rutina. La aterradora realidad salió a la luz más de un año después, cuando un trabajador de la funeraria reveló al padre de la menor, Maximino Ayllón Castaño, que el cuerpo carecía por completo de órganos internos.
“Nos hicieron creer que era nada más para un estudio de patología. Lo más desgarrador fue después enterarnos que ya no tenía órganos en su cuerpo y que pues desafortunadamente así la sepultamos”, relató entre la indignación y el dolor el padre de la víctima, quien denunció que a su hija le arrancaron hasta la lengua antes de entregar el cadáver a la familia.
CODHEM confirma atrocidades e irregularidades oficiales
Tras las denuncias, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) investigó el caso y acreditó graves vulneraciones a las garantías fundamentales. El organismo documentó una severa alteración en el expediente clínico, vicios en el consentimiento informado para la autopsia y una sospechosa contradicción en los certificados de defunción: las autoridades del hospital emitieron dos documentos oficiales, uno asegurando que se había realizado la necropsia y otro afirmando lo contrario, para finalmente cancelar el segundo y validar el primero a conveniencia del nosocomio.
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Ante la contundencia de las pruebas, la CODHEM emitió la Recomendación 03/2024 dirigida al Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), determinando violaciones flagrantes a los derechos a la protección de la salud, atención médica libre de negligencia, adecuada integración del expediente clínico, consentimiento informado, así como a la dignidad póstuma y a la verdad.
¿Dónde quedaron los órganos de la menor?
A más de siete años del deceso, la interrogante principal sigue sin respuesta: ¿qué hicieron con los órganos y tejidos de la niña?
Maximino Ayllón señala que se han identificado a 14 servidores públicos presuntamente involucrados en el caso y cuestiona abiertamente si los restos biológicos de su hija fueron desechados o comercializados. Entre las líneas de investigación de la familia resalta la posibilidad de que hayan sido entregados a la empresa Garbage, firma que en 2019 mantenía un contrato con el IMIEM para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biológico-infecciosos. Si bien los documentos oficiales acreditan la relación contractual entre el instituto y la empresa, hasta el momento ninguna autoridad ha aclarado el destino final de los órganos extraídos.
“No sabemos realmente si fueron a parar a una empresa o hicieron otra situación”, recriminó el padre.
Impunidad institucional y funcionarios premiados
A pesar de que el IMIEM aceptó la recomendación de la CODHEM y en 2024 ofreció una disculpa pública institucional, la reparación integral del daño y la indemnización correspondiente continúan pendientes y estancadas. La familia denunció que en agosto de 2026 presentó un nuevo expediente para impulsar los procedimientos de responsabilidad administrativa, sin que las dependencias estatales hayan actuado con firmeza.
Lejos de recibir castigo, las autoridades involucradas en la gestión del hospital durante el trágico evento continúan ocupando cargos públicos en el propio sistema de salud estatal. La familia acusó directamente que Lenin Ortiz Ortega, quien se desempeñaba como director del Hospital para el Niño cuando ocurrió la extracción de órganos y el fallecimiento de la menor, no ha sido sancionado y actualmente labora en el área jurídica del IMIEM.
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A más de siete años de la tragedia, la familia de Y.M.A.F. exige la intervención inmediata de las autoridades penales y administrativas para dar con el paradero de los órganos, castigar a los 14 funcionarios señalados y poner fin a la simulación institucional que mantiene en la impunidad la profanación y el agravio cometidos contra una niña mexiquense.
