La intención es proteger el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable.
Detrás de un proceso penal prolongado hay personas que esperan una sentencia, familias pendientes de una respuesta y, en algunos casos, vidas en prisión preventiva mientras el caso sigue abierto. Evitar esperas interminables y garantizar que los asuntos avancen dentro de los plazos establecidos es el objetivo de los nuevos Lineamientos sobre el Aviso y la Justificación de Demora en la Emisión de Sentencias, presentados por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado de México.
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La sesión fue encabezada por la Magistrada Presidenta Maricela Reyes Hernández y reunió a juezas y jueces de Control, Tribunal de Enjuiciamiento, sistema penal tradicional, adolescentes, ejecución penal y cateos. Explicó que el aviso de demora no busca convertir cada retraso en una falta, sino conocer a tiempo qué ocurre con los asuntos que rebasan los plazos constitucionales y, cuando exista una razón válida, contar con elementos para acreditarla.
Reyes Hernández subrayó que se trata de una obligación constitucional. El artículo 20, apartado B, fracción VII, establece que los procesos penales deben resolverse en cuatro meses cuando la pena máxima no exceda de dos años y en un año cuando sea mayor.
Los lineamientos del TDJ precisan cómo deberán reportarse las demoras y qué información acompañará cada aviso. Una vez publicados en la Gaceta del Gobierno, serán obligatorios para quienes estén al frente de órganos jurisdiccionales.
La presidenta del Tribunal aclaró que la intención es prevenir antes que sancionar. Una demora puede deberse a circunstancias ajenas al control de la persona juzgadora, como un amparo, una reposición del procedimiento o una determinación de otra instancia. Lo importante es que exista comunicación oportuna y que esas circunstancias puedan comprobarse.
La Magistrada Nancy Flores Mendoza destacó que el mecanismo cobra relevancia a partir de la reforma constitucional de 2024 y del derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable. Resumió el propósito en tres conceptos: celeridad, responsabilidad y rendición de cuentas.
El Magistrado Alejandro Jaime Gómez Sánchez explicó que el aviso deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento del plazo constitucional, directamente por la persona juzgadora, e incluir datos del expediente, órgano jurisdiccional, personas involucradas, delito, motivo de la demora y documentos que respalden la explicación.
El trámite iniciará con la integración de un expediente por la Secretaría de Acuerdos, revisado por el auditor visitador en materia penal. Con base en esa revisión, se elaborará una opinión técnica y el asunto pasará a la comisión regional correspondiente.
Si la demora está justificada, podrán establecerse medidas para impulsar el procedimiento y solicitar informes periódicos. Cuando no exista explicación suficiente, el expediente podrá remitirse a la Unidad de Investigación para determinar si hay responsabilidad administrativa.
La atención se dividirá en cuatro regiones: Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec, cada una con una comisión integrada por tres magistraturas del TDJ. La Secretaria de Acuerdos del Pleno, Cristel Yunuen Pozas Serrano, explicó que la aplicación será gradual.
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También participaron Italy Dessire Ciani Sotomayor, Directora General Jurídica y Consultiva; Juan Morales Nieves, Auditor Visitador en materia penal; y César Bulmaro Díaz Morán, Coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales.
