Diputadas de la LXII Legislatura mexiquense analizan reformas al Código Civil para evitar la evasión de deudores alimentarios, permitiendo retenciones directas de sueldos y embargos a las subcuentas de retiro en casos de desempleo
Con el objetivo de erradicar la violencia económica y cerrar el paso a las tretas legales que utilicen los deudores alimentarios para evadir sus responsabilidades, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México alista un paquete de reformas estructurales al Código Civil estatal. Las iniciativas buscan garantizar de manera efectiva el derecho a la alimentación, salud y educación de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables.
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En reunión de trabajo presidida por el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, las legisladoras Itzel Ballesteros Lule y Selina Trujillo Arizmendi, ambas del grupo parlamentario de Morena, junto con la diputada Miriam Silva Mata del PVEM, coincidieron en que el cumplimiento de la pensión alimenticia no es una simple disputa económica, sino un derecho humano fundamental que condiciona el desarrollo integral y la dignidad de la infancia en la entidad.
Propuestas más destacadas
Se encuentra la iniciativa formulada por la diputada Itzel Ballesteros, la cual busca obligar a las autoridades judiciales a decretar de oficio —sin necesidad de que la parte afectada lo solicite— el aseguramiento de los alimentos. Con esta medida, los jueces contarán con facultades inmediatas para ordenar la retención o el descuento directo de los ingresos del deudor, así como aplicar garantías mediante hipoteca, fianza o depósito, evitando que los procesos se prolonguen mientras las familias carecen del sustento diario.
Por su parte, la iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario del PVEM, coordinado por el legislador José Alberto Couttolenc Buentello, contempla una alternativa sin precedentes para aquellos casos donde el obligado alegue estar desempleado o no contar con bienes a su nombre. La propuesta establece que la pensión alimenticia pueda ser cobrada con cargo a los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del deudor, o de sus aportaciones voluntarias.
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Al respecto, la diputada Miriam Silva detalló que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta medida prioriza el interés superior de la niñez. Precisó que el embargo procederá únicamente cuando el deudor carezca de empleo u otros bienes suficientes, limitándose a los montos de los que legalmente podría disponer el trabajador durante su periodo de desocupación. Bajo este esquema, la persona juzgadora ordenará a la institución administradora la entrega periódica de los recursos estrictamente necesarios para cubrir el mínimo vital de los acreedores hasta que el deudor reingrese al mercado laboral.
Durante el análisis, la legisladora Selina Trujillo enfatizó que la negativa a proporcionar alimentos constituye una forma cruel de violencia económica que afecta directamente el futuro de la juventud mexiquense. Con este paquete de reformas en análisis, el Congreso estatal busca dejar en claro que la manutención de los hijos ya no dependerá de la voluntad del deudor ni de vacíos procesales, sino de un mandato judicial estricto y de aplicación automática.
