Ana Liza en línea urgente
Tras 112 días de una licencia marcada por investigaciones y la sombra de señalamientos internacionales, Rubén Rocha Moya reasume la gubernatura. Sin embargo, su regreso no fue recibido con aplausos, sino con un implacable y coordinado distanciamiento de Morena, sus bancadas e instituciones
El poder político rara vez tolera los vacíos, pero tolera aún menos los pasivos incómodos. Este viernes, la reincorporación de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa dejó al descubierto una fractura evidente dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Tras haberse apartado formalmente del cargo el pasado 1 de mayo bajo la presión de acusaciones provenientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el mandatario estatal decidió retomar las riendas del Poder Ejecutivo local alegando la ausencia de pruebas en las pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, la respuesta de su propio partido no fue el arropamiento del pasado, sino un frío e inusual deslinde colectivo.
La narrativa oficial de “unidad” se resquebrajó a través de un alud de posicionamientos institucionales que se emitieron en cascada. En un tono marcadamente distante, la Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la Secretaría de Gobernación y los grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados coincidieron en la misma fórmula verbal: el retorno de Rocha Moya es una “decisión estrictamente personal“. La dirigencia partidista fue un paso más allá al aclarar que la medida no fue informada ni consultada formalmente, enviando una señal inequívoca al resto del ecosistema político de que el gobernador camina ahora por su propia cuenta.
El escenario contrasta drásticamente con los tiempos en que el grupo gobernante cerraba filas incondicionalmente ante las controversias. Hoy, el pragmatismo que exige la conducción del país obliga al oficialismo a erigir un cortafuegos frente a un personaje cuya permanencia se ha vuelto costosa en términos de imagen e institucionalidad. Figuras clave de las bancadas oficialistas, como Ricardo Monreal, han llamado abiertamente a la reconsideración de esta postura, mientras los liderazgos regionales y alcaldes optan por guardar prudente distancia para salvaguardar sus propios proyectos.
Mientras Rocha Moya intenta proyectar firmeza y normalidad institucional desde el Palacio de Gobierno en Culiacán, la realidad política le depara un panorama complejo. Volver al despacho gubernamental sin la bendición de la dirigencia nacional ni el respaldo explícito de sus pares convierte su cierre de administración en una travesía en solitario. La 4T ha marcado la línea con claridad: respetará el Estado de derecho y las indagatorias en curso de la FGR, pero no pondrá en riesgo el costo político de una defensa oficiosa en favor de un gobernador al que el movimiento ha decidido dejar a su suerte.
