La diputada del Partido Acción Nacional, Joanna Felipe Torres, explicó que la iniciativa busca establecer un marco legal en el Estado de México que proteja a las mujeres, prevenga la explotación y armonice la legislación local con principios internacionales de derechos humanos. Señaló que no se pretende limitar el deseo de formar una familia, sino evitar que este objetivo se concrete bajo esquemas de mercado o contratos que afecten los derechos de las mujeres gestantes y de las niñas y niños nacidos.
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La propuesta plantea modificaciones al Código Civil, al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. La legisladora recordó que en el país no existe una ley federal sobre maternidad subrogada, por lo que cada entidad define su regulación. En este contexto, consideró necesario que el Estado de México establezca medidas para impedir que la maternidad sea objeto de lucro.
Torres precisó que la iniciativa no prohíbe la gestación subrogada altruista, reconocida en otros países, sino únicamente la que tiene fines comerciales, como la realizada por empresas que buscan mujeres en situación de vulnerabilidad y las exponen a riesgos de salud.
Advirtió que la ausencia de regulación permite que contratos privados sin supervisión estatal determinen el destino de niñas y niños antes de su nacimiento, coloca a las mujeres gestantes en condiciones de vulnerabilidad jurídica y social, y convierte el embarazo en un servicio.
La propuesta fue presentada a nombre propio y del coordinador parlamentario de Acción Nacional, Pablo Fernández de Cevallos González. Según la legisladora, el objetivo es proteger a todas las partes involucradas, prevenir la explotación y garantizar que la maternidad no se utilice con fines comerciales.
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Finalmente, señaló que en la gestación subrogada comercial se compromete el interés superior de la niñez, pues el nacimiento responde a contratos mercantiles y no a vínculos familiares basados en la responsabilidad parental. La iniciativa busca asegurar que ninguna mujer sea utilizada como medio reproductivo y que los derechos de niñas y niños prevalezcan sobre cualquier contrato o interés económico.
