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Los claroscuros de Delfina Gómez en 2025

Ana Liza en línea

Por Mariel Álvarez

El primer informe de los alcaldes del Edomex

 

Los claroscuros de Delfina Gómez en 2025

El gobierno de Delfina Gómez ha logrado mantener una aprobación ciudadana alta, pero esa cifra no oculta los claroscuros de su administración. Si bien los programas sociales han sido un pilar de legitimidad, la dependencia de estos apoyos plantea dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia: ¿se trata de una política de desarrollo o de un mecanismo de clientelismo político que asegura respaldo inmediato sin resolver problemas estructurales?

Los cambios en su gabinete reflejan tanto ajustes necesarios como síntomas de fragilidad. La rotación de perfiles en áreas clave como seguridad y movilidad evidencia que los resultados no han sido los esperados. Aunque se presume estabilidad política, la realidad es que persisten tensiones internas y una falta de cuadros técnicos sólidos que garanticen continuidad en los proyectos.

En materia de obras, los avances en infraestructura y movilidad han sido más promesas que realidades palpables. Los proyectos de conectividad y transporte público siguen enfrentando retrasos y limitaciones presupuestales, mientras que la ciudadanía continúa padeciendo problemas cotidianos como el transporte deficiente, la inseguridad y el acceso irregular al agua. La narrativa de “transformación” se diluye cuando los resultados tangibles no alcanzan a todos los municipios.

Finalmente, aunque Delfina Gómez ha capitalizado la cercanía con la gente y la narrativa de la Cuarta Transformación, su gobierno todavía no logra diferenciarse por una visión de largo plazo. La gestión parece más enfocada en mantener la aprobación inmediata que en construir políticas públicas duraderas. El reto para los próximos meses será demostrar que su administración puede trascender los apoyos sociales y dejar huella en infraestructura, seguridad y desarrollo sostenible.

Ojalá y el 2026, sea el año que marque la diferencia, que se noten las políticas de seguridad con seguridad en las calles y en las casas; que detone la obra pública con grandes e impactantes obras públicas de beneficio social y concluya la pinta y rehabilitación de Unidades Deportivas que anuncian con bombo y platillo, pero que ya estaban. Los mexiquenses quieren obras nuevas palpables, quieres caminos y vialidades en buenas condiciones, quieren un buen servicio de agua potable, de salud, medicinas suficientes y eficientes y seguridad para sus familias. Ojalá y el 2026 sea ese gran año de Delfina Gómez.

¿Qué informaron los alcaldes?

Los 125 alcaldes del Estado de México concluyeron con su obligación de rendir cuentas…a su cabildo. Y digo a su cabildo porque se rompió la tradición en muchos ayuntamientos, en donde sólo entregaron el informe en el cabildo, como lo marca la ley, pero evitaron dar la cara a su pueblo.

La rendición de cuentas, que debería ser un ejercicio de transparencia y cercanía con la ciudadanía, se convirtió en un trámite administrativo. Los informes se redujeron a documentos entregados en mesas de cabildo, sin la presencia de vecinos, sin la voz de los sectores sociales, sin el acto público que históricamente servía para medir la relación entre gobierno y gobernados. Afortunadamente estos fueron los menos, la mayoría salió y dio la cara.

El costo de evitar al ciudadano

La decisión de muchos alcaldes de no realizar actos abiertos refleja una tendencia preocupante: la política municipal se encierra en sí misma. Al evitar el contacto directo con la ciudadanía, los gobiernos locales pierden legitimidad y dejan un vacío que se llena con desconfianza.

El informe público no es sólo un requisito ceremonial; es un espacio donde la autoridad se expone a la crítica, donde se reconoce lo logrado y se enfrenta lo pendiente. Al renunciar a esa práctica, los alcaldes envían un mensaje de distancia y opacidad.

Es cierto que la ley sólo obliga a entregar el informe al cabildo. Pero la legitimidad política se construye más allá de los mínimos legales. Gobernar implica dar la cara, escuchar reclamos y responder preguntas incómodas. Cumplir con la norma no basta cuando la ciudadanía exige transparencia y participación.

También es cierto que este año los ayuntamientos del Estado de México enfrentaron recortes indirectos derivados de ajustes en dependencias estatales clave, lo que impacta directamente en obras municipales, movilidad y servicios básicos. Los tijeretazos más fuertes se dieron en infraestructura y movilidad, áreas que sostienen gran parte de la coordinación con gobiernos locales. Obviamente esto tiene a los ciudadanos descontentos con sus autoridades.

Los principales recortes en el Presupuesto 2025

  • Infraestructura: recorte de 1,240 millones de pesos, quedando con un presupuesto proyectado de 1,070 millones.
    • Impacto: menos recursos para obras públicas municipales, mantenimiento urbano y proyectos de agua potable.
  • Movilidad: disminución de 855.8 millones de pesos.
    • Impacto: retrasos en modernización del transporte público, proyectos de conectividad y vialidades locales.
  • Consejería Jurídica: reducción de 25.9 millones de pesos.
    • Impacto: menor capacidad de apoyo legal y administrativo a los ayuntamientos.
  • Medio Ambiente: recorte de 17.9 millones de pesos.

Esta situación ha traido consecuencias para los ayuntamientos, en obras públicas locales: Los municipios dependen de convenios con la Secretaría de Infraestructura; el recorte limita la posibilidad de ejecutar proyectos de pavimentación, drenaje y agua potable; estos temas son lo que más han golpeado a la ciudadanía.

En transporte y movilidad: La reducción en Movilidad afecta directamente a municipios metropolitanos (Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan), donde la demanda de transporte público es crítica.

En materia de medio ambiente, los ayuntamientos con zonas boscosas o rurales (como Valle de Bravo o Ocoyoacac) verán menos apoyo para programas de conservación.

Y en capacidad administrativa, los ajustes en la Consejería Jurídica reducen la asesoría técnica y legal que muchos municipios requieren para enfrentar litigios o procesos normativos.

Los recortes muestran un desequilibrio en prioridades: mientras se fortalecen educación y seguridad, se debilitan áreas que sostienen la vida cotidiana en los municipios. Los ayuntamientos, que ya enfrentan presupuestos limitados, deberán absorber parte de estos impactos con recursos propios, lo que puede derivar en menos obras visibles y más rezagos en servicios básicos, además de enfrentar, en algunos casos, añejas deudas que tienen que estar pagando mes a mes.

Así termina el 2025, con la esperanza de que el 2025 hayn más recursos para atender las prioridades de los municipios, por lo menos en cuanto a los servicios públicos que deben brindar en tiempo y forma a los ciudadanos.

Se nos acabó el espacio. Nos leemos la próxima semana.

Los leo en mariroma34@yahoo.com.mx

 

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