El asesinato de Anaid Belén Ramírez, vecina de Iztapalapa y defensora de los animales, ha generado movilización social en la Ciudad de México y el Estado de México. Colectivos feministas y animalistas señalan que el caso refleja fallas en la protección a mujeres y defensores de causas sociales.
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Anaid había denunciado en varias ocasiones el maltrato que un vecino ejercía contra sus perros. Acudió al Ministerio Público para formalizar las denuncias, pero no recibió medidas de protección. Personas cercanas afirman que personal de la fiscalía habría filtrado su identidad al agresor, lo que la expuso a represalias.
Posteriormente, Anaid fue privada de la libertad y asesinada, junto con los animales que intentaba resguardar.
Las agrupaciones que acompañan el caso señalan tres puntos principales: ausencia de mecanismos de protección para defensores de animales, corrupción en las fiscalías y falta de resultados frente al feminicidio, por lo que se exige la detención del responsable y la investigación de funcionarios que pudieron haber filtrado información.
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Las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México han abierto una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Hasta ahora no han confirmado la presunta colusión interna denunciada por los colectivos. El caso se mantiene como un referente de las deficiencias estructurales en el sistema de justicia mexicano.
