El Congreso del Estado de México ha aprobado diversas reformas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y a establecer mecanismos de protección frente a distintas formas de violencia.
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La LXII Legislatura, instalada el 5 de septiembre de 2024, cuenta con 37 diputadas, 37 diputados y un diputade. Desde entonces ha impulsado cambios legales que incluyen la creación de un juzgado especializado en medidas de protección, la tipificación del delito de acecho, el aumento de sanciones por abuso y hostigamiento sexual, y la penalización de la difusión de contenido sexual manipulado con inteligencia artificial.
Entre las medidas aprobadas se encuentra la creación del Juzgado LIBRE, encargado de emitir órdenes de protección inmediata. También se establecieron deberes reforzados de las autoridades estatales y municipales para prevenir y atender la violencia, así como el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación y se incorporó al Código Penal el delito de acecho, con sanciones de hasta seis años y ocho meses de prisión. Asimismo, se fijaron penas de hasta cinco años de cárcel por la difusión no consentida de imágenes sexuales manipuladas con inteligencia artificial, y hasta ocho años por violencia vicaria, que incluye la pérdida de la patria potestad y sanciones económicas.
En materia de violencia digital, se aprobó en comisiones que el Ministerio Público y los jueces ordenen medidas de protección inmediatas, como la eliminación de cuentas o contenidos vinculados a la investigación. Esta reforma está pendiente de votación en el Pleno.
Las sanciones por abuso sexual se ampliaron hasta 20 años de prisión y por hostigamiento sexual hasta nueve años. Se reformó la definición de acoso sexual, con penas de hasta 12 años cuando la conducta sea reiterada o se aproveche de situaciones de vulnerabilidad. También se eliminaron exenciones de responsabilidad para quienes encubran a personas acusadas de feminicidio.
Se creó el Sistema Estatal de Cuidados y se exhortó a los ayuntamientos a cumplir con la paridad en la designación de titulares de gobierno y administración pública. Además, se pidió a los municipios con alerta de violencia de género ejercer los recursos asignados y a la Comisión de Búsqueda de Personas fortalecer las acciones en casos de desaparición.
En el ámbito federal, se solicitó la creación de una comisión legislativa ordinaria para dar seguimiento a las alertas de violencia de género y la actualización del lenguaje constitucional y legal para reconocer a las mujeres y garantizar la paridad.
El Pleno aprobó la minuta que asegura el derecho a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia, así como la atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio o desaparición.
Entre las iniciativas en estudio se encuentran las relacionadas con salud (cáncer de mama, menopausia, climaterio y salud menstrual), sanciones a padres que incumplan obligaciones durante el embarazo o pensión alimenticia, castigos por ataques con sustancias químicas, impulso al desarrollo económico de las mujeres, procedimientos sumarios de pensión alimenticia, protección al parto humanizado, instalación de refugios para víctimas de violencia y sanciones por explotación reproductiva.
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También se plantean medidas para reconocer el derecho a incapacidad laboral o académica tras una interrupción legal del embarazo, sanciones de hasta 20 años por estupro, fortalecimiento de la igualdad en el trabajo doméstico no remunerado, reducción de la brecha salarial y protección a padres y madres buscadoras de personas desaparecidas.
